El alcalde de Fuenlabrada declara acusado de prevaricación y acoso a un empleado

Fuenlabrada, 5 feb (EFE).- El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad acusado de un presunto delito de prevaricación y otro contra la integridad moral de un empleado que ha denunciado que le "acosaba y hostigaba" y que le apartó de su puesto de trabajo.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, Manuel Robles y el responsable de la Dirección de Servicios Jurídicos del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Ángel Gil Blázquez, "han venido manteniendo hacia el querellante, R.M.P., una actitud hostil, apartándole por diferentes motivos de su puesto inicial de trabajo".

El presunto delito de prevaricación vendría motivado porque "llegaron incluso a desobedecer el auto de 20 de noviembre de 2009, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, inadmitiendo una solicitud de adaptación a su nuevo puesto de trabajo, compatible con su estado de salud y la incapacidad que le fue reconocida".

R.M.P. sufre una enfermedad cardiovascular grave que, asegura, se le agravó a causa de esta situación y le provocó la incapacidad actual que padece, lo que "de probarse que existe relación causal... podría ser constitutivo de un delito de lesiones".

El abogado de R.M.P., José María Ruiz, ha añadido que "Manuel Robles dictó resoluciones que incumplían los requerimientos del Juzgado para que fuera reintegrado en su puesto de trabajo".

Los hechos se remontan a 2006, cuando el denunciante era coordinador del Departamento de Personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y éste "le pidió al alcalde reiteradamente que los puestos directivos del Ayuntamiento no fueran ocupados por personas designadas a dedo, sino de acuerdo a la Ley de Grandes Ciudades en la que fue incluida el Consistorio".

Según el letrado, a partir de ese momento sufrió "constantes traslados de puesto de trabajo" y cuando regresó a su puesto original "le habían quitado su ordenador y su documentación", hasta que finalmente "le dieron de baja en la carrera judicial por incapacidad".

Manuel Robles ha prestado declaración en condición de "querellado", dentro de las diligencias previas del proceso, y a su salida del Juzgado ha afirmado sentirse "tranquilo", ya que "todos los nombramientos se hicieron con los informes favorables de Intervención y Secretaría, cumpliendo la Ley de Grandes Ciudades".

Según fuentes municipales consultadas por Efe, el trabajador, como otros empleados públicos, "se vio afectado por los cambios y fue trasladado a otro puesto con la misma categoría y sueldo que el anterior".

"Al no aceptar este cambio, motivado exclusivamente por razones organizativas propias de la adaptación a la nueva Ley, ha venido manteniendo diferentes contenciosos judiciales, hasta que pasó a la situación de jubilación por incapacidad total, en la que se encuentra en la actualidad", han concluido.