Critican que España se "escude" en la Ley de Amnistía para no investigar y que "ignore" el dolor de los afectados
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Asociaciones de afectados por el 'robo de niños' acaecido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han entregado al relator de la ONU, Pablo de Greiff, un informe en el que denuncian "fuertes agravios comparativos" respecto a las víctimas del terrorismo y critican que España se haya "escudado en la sesgada" Ley de Amnistía para no investigar los crímenes del franquismo.
La Federación Coordinadora X-24 y el Colectivo Sin Identidad han entregado han aprovechado la visita oficial en España del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, para entregarle esta documentación.
El presidente de la Federación, Francisco González de Tena, ha explicado a Europa Press, que el texto recoge las quejas del colectivo ante la "inacción" del Gobierno, de las Cortes Generales y de los tribunales, que han "ignorado" a las víctimas del 'robo de bebés' al tiempo que "han primado especialmente durante años a las víctimas del terrorismo".
Esta práctica continuada ha creado, en su opinión, "unos fuertes agravios comparativos" con, al menos, dos clases de víctimas. "Las reconocidas y amparadas derivadas del terrorismo de banda armada y otras contumazmente ignoradas, que abarcan a cientos de miles de ciudadanos con fosas de desaparecidos en cunetas, víctimas de torturas por su ideología o de robos sistemáticos de neonatos".
"FALTAS ARGUCIAS DE LEGULEYOS"
El texto reprueba la "obstrucción" y la "ignorancia" del Estado hacia el "dolor permanente" de las víctimas. Además, censura que las autoridades españolas se escuden de forma sistemática" en una "sesgadas" Ley de Amnistía de 1977.
Subraya que el enjuiciamiento de estos crímenes es de obligada aplicación en virtud de los acuerdos ratificados por España en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, critica las "falsas argucias de leguleyos" utilizadas por España para incumplir o "dilatar en el tiempo" sus deberes.
Los afectados también censuran las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negando que hayan existido "redes o estructuras organizadas para el tráfico de neonatos", y destacan que estos hechos constituyen una "evidencia documental incuestionable".
En todo caso, defienden la calificación de estos ilícitos como delitos permanentes de lesa humanidad y advierten de que "no existe ningún nexo" con el Gobierno toda vez que se exigen documentos que la propia Administración está "impidiendo". "No auguramos una colaboración diligente y sincera por parte del Gobierno de España", concluyen.