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Velasco deja en libertad a la abogada acusada de pertenecer al frente de makos

Madrid, 16 ene (EFE).- El juez Eloy Velasco ha dejado hoy en libertad con cargos a la abogada Naia Zurriarain tras preguntarle acerca de la introducción de un "canuto o rulo con instrucciones de ETA" en el centro penitenciario Sevilla II para el etarra Asier Arzallus Goñi, aunque mantiene su imputación por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Velasco citó a declarar a Zurriarain, que se encuentra embarazada de ocho meses, en el auto en el que envió a prisión el lunes a ocho presuntos miembros del frente de cárceles, entre ellos los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza.

Zurriarain, que ya no ejerce como abogada, ha negado formar parte de ETA y ha explicado que sus visitas a la cárcel de Sevilla han sido para ver a su pareja, Asier Arzallus, han informado a Efe fuentes jurídicas.

También ha justificado que sus estancias en el edificio de la calle Elcano de Bilbao, donde tiene su despacho Zulueta y el también abogado y senador de Bildu Iñaki Goioaga, fueron para reunirse con su letrado, ya que se encuentra imputada, también por un delito de integración en ETA, en el sumario en el que se desarticuló otra estructura de control de los presos denominada Halboka.

Zurriarain fue detenida en 2010 junto a Zulueta en la operación contra la estructura del frente de presos denominada Halboka, en la que fue asimismo arrestado Enparantza.

A raíz de la nueva operación contra la estructura del llamado frente de "makos" que llevó a cabo la pasada semana la Guardia Civil, denominada "Jaque", se ha descubierto que ETA y los miembros del KT ("Koordinazio Taldea") tenían organizada una red de distribución de notas (rulos o canutillos en papel cebolla) para el intercambio de comunicaciones entre la dirección de la banda y los presos de esta organización en Francia y España.

De hecho se encontró ese tipo de papel en el edificio de la calle Elcano de Bilbao en el que tienen su despacho de abogados Zulueta y el senador de Bildu Iñaki Goioaga, lugar en el que el juez cree que se celebraban reuniones clandestinas "bajo la apariencia o cobertura de actividades falsamente profesionales o políticas".

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