El protocolo del "caso Alba" se modernizará para combatir mejor los abusos

Barcelona, 16 dic (EFE).- Perseguir el acoso sexual en redes sociales, librar a los niños del trauma de declarar delante de su agresor o ser más rápidos en la detección de los abusos son las líneas en que trabajarán las instituciones para mejorar el anticuado protocolo de protección de menores nacido a raíz del "caso Alba".

En rueda de prensa, se ha presentado hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona el proyecto "Buenas prácticas en el tratamiento de los abusos sexuales a niños o adolescentes", que implicará a jueces, abogados, mossos d'esquadra, profesores universitarios y víctimas en la elaboración de un manual para ser más eficaces en la protección de los menores.

El proyecto, que incluirá cursos de formación, un ciclo de conferencias y un congreso internacional de expertos, pretende poner al día el ya algo anticuado protocolo que las instituciones catalanas firmaron en 2006 a raíz del llamado "caso Alba", la menor maltratada cuya historia puso al descubierto la descoordinación en la protección de menores en Cataluña.

A la presentación del proyecto han asistido, en nombre de las instituciones que se conjuran para mejorar el protocolo, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, el director de los Mossos, Manel Prat, el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el subdirector de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Joan Mayoral, y Vicki Bernadet, presidenta de la asociación contra abusos a menores que lleva su nombre.

Los promotores de la renovación del protocolo de 2006, que fue impulsado por el Síndic de Greuges, han insistido en que el motivo de su reforma no es que esté desfasado, sino que buscan adaptarlo a los nuevos tiempos; ni que haya un aumento de los casos de abusos, que se mantienen en índices similares desde hace casi una década, aunque se sospecha de la existencia de una "cifra negra" no denunciada.

En ese sentido, una de las líneas de trabajo será mejorar el protocolo para lograr una mayor "celeridad" y una mayor atención a los niños sospechosos de ser víctima de abusos, en unas condiciones en que quede garantizada su "confidencialidad", ha explicado Ribó, tras añadir: "a la gente que está en la trinchera (maestros, asistentes) hay que hacerles caso".

Otra de las prioridades que se plantean los impulsores del proyecto es trabajar para que esté garantizado, por ley, que los menores víctimas de abusos no serán obligados a declarar ante el tribunal en el proceso judicial contra sus agresores, sino que sean interrogados con la asistencia de psicólogos y su testimonio se recoja en una prueba preconstituida válida para el día del juicio.

Esa medida, que pretende evitar la "víctimización secundaria" del menor por el trauma que puede producirle ser interrogado en presencia de su agresor, choca con la escasez actual de medios tecnológicos para garantizar la realización de las pruebas preconstituidas, y con las inercias de jueces y magistrados.

"La judicatura ha sido un cuerpo reacio, el que menos ha ayudado" en ese aspecto, ha advertido Santiago Vidal, que cree que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que debería "evitar la presencia de menores en las salas de justicia".

También será una línea de trabajo para reformar el protocolo el análisis de la incidencia de las nuevas tecnologías en los abusos: Manel Prat ha advertido de que cada vez va más en aumento el acoso a menores a través de las redes sociales, un espacio de comunicación que en 2006 "no estaba aún desarrollado".

La cifra de abusos sexuales a menores en Cataluña se mantiene estable desde hace años -anualmente llegan a juicio un centenar de casos-, pero Ribó ha advertido de que actualmente "no hay suficientes instrumentos de detección" de ese tipo de delitos, para los que según el Síndic la crisis supone "un campo abonado".

En ese sentido, tras mencionar el polémico caso de Castelldans (Lleida), el pederasta que supuestamente abusaba de menores a quienes tenía en acogida, Ribó ha subrayado que "hay que escuchar más a las familias de acogida", dado que a menudo pueden dar la voz de alerta ante ese tipo de situaciones.

Pese a que el porcentaje de abusos no ha aumentado -como también ha constatado Mayoral-, el Síndic ha advertido hoy del incremento de separaciones conflictivas y de otro tipo de maltratos, a menudo asociados a la crisis, que afectan a los menores.