Cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó la Ley de Tasas Judiciales, aseguró que el dinero recaudado se destinaría a engrosar los fondos para hacer frente a la prestación de Justicia Gratuita. Un año después de la entrada en vigor de la Ley, una de las más polémicas de las aprobadas durante el Gobierno del PP, la Plataforma Justicia Para Todos, que agrupa a la abogacía, sindicatos, funcionarios y consumidores, además de a la Interasociativa de Jueces y Fiscales y a varias asociaciones de secretarios judiciales, asegura que "el Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia Jurídica Gratuita".
Durante un acto celebrado hoy, como preludio a las concentraciones convocadas para mañana en todas las sedes judiciales españolas, día en que se cumple el primer aniversario de la norma, la Plataforma, a través de un Manifiesto Social 'Un año contra las tasas' asegura que "se desconoce el destino de la recaudación por las tasas" que "ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 el Ministerio de Justicia".
La confirmación de "los peores augurios"
Tras esta incógnita, el balance, sin embargo, sí ha dejado algo claro en opinión de la Plataforma: la vulneración de la tutela judicial efectiva para miles de ciudadanos, que no pueden defender sus derechos ante los tribunales. Y es que, dice el Manifiesto, "el objetivo de la Ley era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia de los ciudadanos".
Para Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, "se han cumplido los peores pronósticos". Lamentó, que "amplios sectores de la sociedad se han quedado fuera del sistema judicial" por una ley "que ha excluido a las clases medias y trabajadoras de la Justicia". Añadió, que sí es cierto que han bajado los litigios, si bien lo que no reconoce Gallardón es que "ha sido a costa de dejar fuera del sistema decenas de miles de situaciones injustas". Y es que, para Bosch, la Justicia ha quedado supeditada "al peso de la tarjeta de crédito" y la verdad procesal se ha visto cuestionada "en detrimento del volumen de la cuenta corriente".
Justicia al borde del rescate
Por su parte, Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), ha asegurado que los dos primeros años de Gobierno del Partido Popular han hecho que "tengamos una Justicia al borde del rescate". Para Lafuente, andamos en una "situación de peligro y de pérdida de este servicio Público".
Mientras, el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Carlos Artal, solicitó, de nuevo el cese o la dimisión inmediata del ministro de Justicia. Para Artal, el rumbo errático del ministro, "cuyo detonante ha sido la Ley de Tasas" ha provocado "la privatización de la Justicia, la paralización de la modernización y la falta de diálogo institucional".
Por todo ello, piden al Tribunal Constitucional que "resuelva cuanto antes los recursos interpuestos -un total de cinco más varias cuestiones de inconstitucionalidad- y valore las desproporcionadas cuantías de las tasas", tal y como pidió el presidente del Foro Judicial Independiente, Ángel Dorado.
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