Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) quieren que el Ejecutivo modifique el sistema retributivo de los registradores de la propiedad y mercantiles, que considera un "privilegio no justificado, agraviante e insólito", para equipararlo al del resto de funcionarios públicos.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) quieren que el Ejecutivo modifique el sistema retributivo de los registradores de la propiedad y mercantiles, que considera un "privilegio no justificado, agraviante e insólito", para equipararlo al del resto de funcionarios públicos.
Ambas formaciones han registrado en el Congreso una proposición no de ley en cuyo texto, al que tuvo acceso Europa Press, denuncian que los registradores combinan un 'status' de funcionarios públicos con el de profesionales del derecho, lo que les permite percibir retribuciones "acordes al mercado" directamente por parte de los ciudadanos y sin el inconveniente de la competencia.
Por este motivo, exigen la creación de una comisión interministerial entre Economía, Justicia y Administraciones Públicas que, en el plazo de seis meses, elabore un informe que detalle tanto los ingresos brutos como los gastos y retribuciones de estos profesionales en los últimos tres ejercicios.
En base a esta información, la comisión procedería a fijar una retribución para los registradores de la propiedad y mercantiles con criterios similares a los del resto de funcionarios públicos, y bajo el principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos establecida en la Ley de Tasa y Precios Públicos.
En este sentido, se elaboraría un informe jurídico y económico sobre la posibilidad de implantar el sistema de tasas en la gestión de los registros, así como la participación de las comunidades autónomas en su gestión y administración.
BONIFICAR HASTA UN 95% LAS HIPOTECAS DE VPO
De esta forma, IU e ICV, que comparten grupo parlamentario con ERC, aprovechan su proposición no de ley para introducir la exigencia de que se contemplen exenciones de hasta un 90% para los contratos en los que intervengan las administraciones central y territoriales, así como el resto de entidades públicas.
Además, proponen elevar hasta el 95% las bonificaciones a todos los aranceles registrales relativos a hipotecas sobre viviendas de protección oficial (VPO) atendiendo a la "capacidad económica" de los ciudadanos.
