La reforma educativa que el Gobierno ha materializado a través de la llamada 'Ley Wert' se ha convertido en el foco de protestas y manifestaciones en toda España, en defensa de una educación pública de calidad. Aún queda tiempo hasta su visto bueno definitivo: la norma, que se aprobó hace dos semanas con los únicos votos del PP, y la oposición de todos los grupos políticos y de la comunidad educativa, se encuentra ahora en el Senado en pleno plazo de enmiendas -que concluirá el día 31 de octubre- y, antes de ello, será analizada por la Comisión General de Comunidades y el propio Ministro de Educación para medir su incidencia terrotorial. Tras su paso por la Cámara Alta, volverá al Congreso para ver la luz definitivamente antes de que finalice el año.
Se trata de la séptima reforma educativa de la democracia y apuesta solitaria del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. El texto aprobado por el Congreso ha despertado polémica en todos los frentes posibles: la falta de diálogo con los actores afectados, la vuelta a la religión en las aulas, los problemas de índole lingüístico -y, por ende, político- y la nueva vuelta de tuerca a la estructura de cursos y exámenes en educación primaria y secundaria, son sólo algunas de las cuestiones más polémicas de una norma que promete pasar intacta, como otras muchas durante esta legislatura, su trámite parlamentario.
La razón de ser de la Ley se encuentra en la pésima situación de España en lo que a empleo juvenil, formación y abandono escolar de los jóvenes se refiere. Prueba de ello es que, según lo datos que maneja el Gobierno, en España la tasa de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7 por ciento, cifra en la que sólo nos supera Israel. Además, según aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se dio luz verde a la norma, los estándares PISA sobre nivel educativo sitúan a España en 481 puntos, 12 por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a lo que se suma que tenemos una tasa de abandono escolar del 25 por ciento, que dobla a la del resto de países de la Unión Europea. Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes abandona al terminar la etapa obligatoria, y muchos sin haber terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, la tasa de alumnos repetidores es muy elevada y la de desempleo juvenil supera el 57 por ciento, frente a países como Alemania que se queda en el 8 por ciento.
Por todo ello, Sáenz aseguró que se trata de "la ley más importante de la legislatura" y "una de las reformas fundamentales" del Ejecutivo, pues tiene "un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes".
Para hacer frente a este reto, el futuro texto, que verá la luz con el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios, entrará en vigor en el curso 2014-2015 -dando un plazo de diez meses para la adaptación curricular-, y supondrá unos costes directos para el Estado de 408 millones de euros -23 millones el primer año, 130 el segundo y 225 el tercero-. Con su entrada en vigor cambiará de forma profunda la estructura misma del sistema educativo, creándose una salida obligatoria de Formación Profesional Básica para quienes no quieran acceder a Bachillerato, como requisito para obtener el título de ESO. El objetivo: salir del sistema con un oficio aprendido que permita mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
1. Una norma aprobada sin diálogo
La exposición de motivos de la Ley habla de un punto clave para el Gobierno: la necesidad de impulsar el emprendimiento. Así, la lógica de la reforma se basa en "la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional".
Sin embargo, la forma de alcanzar este objetivo no cuenta con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. De un lado, existe un importante conflicto lingüístico: la Ley obliga a las autonomías a ofrecer enseñanza en castellano o a pagar a los alumnos la enseñanza privada en caso de que no exista oferta pública de tal clase, y eso es algo que no ha sentado bien en las autonomías con lenguas cooficiales.
Además, los estudiantes pueden aprobar ESO y Bachillerato sin examinarse de la lengua cooficial, en contra del criterio de los rectores de las principales universidades catalanas, que están de acuerdo en exigir el conocimiento del catalán para poder acceder al sistema universitario.
De otro lado, se critica la falta de diálogo a la hora de elaborar la norma, sin que se cumpla, tal y como asegura la exposición de motivos, que la Ley "es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa ". Las asociaciones han protagonizado recogidas de firmas ante una Ley que se ha confeccionado "de espaldas a la comunidad educativa y a los grupos sociales".
2. Reformas estructurales
La nueva ley supone la eliminación de la selectividad e implanta, como sustituto, una serie de evaluaciones a escala nacional al final de cada etapa educativa, obligatorias para obtener el título de graduado en ESO y en Bachillerato. También existirá un filtro a mitad de la Educación Primaria, y otro al finalizarla. Son las llamadas reválidas, que, según Wert, no son pruebas de conocimiento, sino "caminos de señalización, en la mayor parte de tipo diagnóstico", que no impiden avanzar al siguiente escalón educativo pero sí adoptar medidas para corregir problemas de aprendizaje. También se elimina la prueba final al acabar la etapa previa a la universidad, un punto que ha recibido críticas por dejar a la libre elección de los centros la confección -o la ausencia- de estos filtros previos a la admisión.
En este sentido, la Ley fija que las universidades "podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento mutuo de resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión". El ministerio que dirige Wert considera que de esta forma se favorece la autonomía de los centros.
Además, se fijan filtros más estrictos para pasar de curso: los alumnos no podrán tener más de dos asignaturas suspensas si las asignaturas no aprobadas son troncales, o si se trata de una troncal y la segunda una en lengua cooficial. A ello se suma que los alumnos sólo podrán repetir una vez en cada bloque, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Para superar esos filtros y obtener ambos títulos se hará una media entre las notas obtenidas durante la etapa de que se trate, ESO o Bachillerato, y la calificación obtenida en la reválida, contando un 70 por ciento los cursos realizados y un 30 por ciento la evaluación final en el caso de la ESO, y un 60-40 en el caso de Bachillerato.
La futura Ley también incrementa la capacidad del Gobierno central para fijar hasta el 65 por ciento de los contenidos de las enseñanzas mínimas para las comunidades autónomas con lengua cooficial, y el 75 por ciento para el resto.
3. Comunidades autónomas: cuestión de lengua
Una de las cuestiones más polémicas de la norma reside en que la autonomías con lengua cooficial deberán sufragar el coste de un colegio privado a los que quisieran estudiar en castellano, si no existe oferta pública. En estos casos, el Estado adelantará el dinero, que se descontará luego de la partida de financiación autonómica.
Así, la disposición adicional trigésima octava de la Ley asegura que los padres o tutores legales "tendrán derecho a que sus hijos o pupilos reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa ". Si la Administración educativa competente no garantizase esa "oferta docente razonable", sostenida con fondos públicos, en la que el castellano sea lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta". Gastos que "repercutirá a dicha Administración educativa ".
La ley fija también que los alumnos "deben cursar el área lengua cooficial y literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica", aunque podrán evitar cursarla o ser evaluados por esta asignatura "en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente".
4. Una Formación Profesional más temprana
La Ley considera que no puede asumirse como "normal" que una parte importante de los alumnos abandonen las aulas antes de tener los conocimientos básicos, iniciando su vida laboral "en unas condiciones de desventaja tales que estén abocados al desempleo o a un puesto de trabajo de limitado valor añadido". Ello se convierte en una "lacra que limita las posibilidades de movilidad social, cuando no conducen a la inasumible transmisión de la pobreza".
En esta línea, se propone modernizar la oferta de formación profesional, con "la importante novedad de la formación profesional dual y la búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho menores de desempleo juvenil". Así, se crea un nuevo título de Formación Profesional Básica -que será obligatorio y gratuito- , que se impartirá durante el cuarto curso de la ESO en caso de que no se supere con éxito el curso anterior.
Así, ese cuarto curso se desglosará en dos opciones: enseñanzas académicas para la iniciación del Bachillerato, o enseñanzas aplicadas a la iniciación de la Formación Profesional, sin que sean vinculantes las opciones cursadas en tercer curso. La opción de la Formación Profesional Básica supondrá la no obtención del título de Enseñanza Obligatoria, al encauzar a quienes no han superado el nivel exigible para finalizar la ESO.
Precisamente este sistema de desglose ha sido criticado por las asociaciones de padres y las plataformas de defensa de la educación por parte de quienes ven en él una forma de "desviar a los estudiantes con más problemas socioculturales hacia la FP". Aseguran, además, que la intención de la Ley es "educar a trabajadores, no a ciudadanos", y que ésta abre la puerta a "echar a los estudiantes a los 14 años" desviados hacia la FP Básica y sin obtener el título de Secundaria.
5. Sí a la religión, no a Educación para la Ciudadanía
La reforma también ha generado críticas por la eliminación de la polémica asignatura de educación para la ciudadanía y su sustitución por educación cívica y constitucional, que será impartida únicamente en 2º de la ESO. Además, se introduce nuevamente la religión como materia -con la alternativa laica de valores culturales y sociales-, que contará en la media del curso y en la que habrá que superar, por tanto, un examen.
6. Una Ley para crear empresarios
La Ley parte de la idea de que es necesario evolucionar hacia un sistema "capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan realizar sus aspiraciones y se convierten en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para los alumnos y tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional".
En definitiva, los estudiantes "con problemas de rendimiento" deben contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema y, para el Gobierno, esa labor pasa por dar a estas personas la posibilidad de acceder a la Formación Profesional, una formación que, además, se prevé adaptar a las necesidades del mercado, actualizando el catálogo de oferta formativa para ayudar así a los futuros trabajadores.
De esta forma, la educación se perfila como "personalizada y universal", y desemboca en una reforma en términos de eliminación de la "exclusión" de buena parte de la sociedad española, propiciada por las altas tasas de abandono escolar temprano y por los bajos niveles de calidad que, hoy en día, reporta el sistema educativo.