La Audiencia Nacional rechaza admitir una querella de Prasa contra el ex de Metrovacesa Joaquín Rivero

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado admitir a trámite una querella interpuesta por el Grupo Prasa contra el expresidente de la inmobiliaria Metrovacesa Joaquín Rivero, por la supuesta comisión de delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y societario, que habrían supuesto al citado grupo empresarial cordobés la pérdida de 200 millones de euros, por el "engaño" con unas acciones de Metrovacesa.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press el magistrado asegura que los hechos denunciados no son competencia de la Audiencia Nacional ya que no produjeron graves repercusiones en el tráfico mercantil ni un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

Los hechos se remontan a 2007, cuando Joaquín Rivero y la familia Sanahuja pugnaban por el control de Metrovacesa. Rivero, con su socio Bautista Soler, adquirió el 26% de las acciones de la compañía, mediante un préstamo sindicado de 2.160 millones de euros.

Para obtener financiación, Rivero ofreció a Prasa parte de las acciones de Metrovacesa que tenían las sociedades Mag Import (Soler) y Alteco (Rivero), y Prasa adquirió --con un préstamo de Caja Madrid-- acciones por 274 millones de euros, el 3% de la compañía. Se firmaba en el contrato la obligación del vendedor de recomprarlas al precio de 153,5 euros.

Esto ocurrió en enero de 2007, cuando, según la querella, Joaquín Rivero ya sabía que no lograría el control de Metrovacesa, y el dinero le sirvió para abonar la primera amortización del enorme préstamo que había solicitado. El 19 de febrero de 2007 se anuncia un acuerdo entre los Sanahuja, que se quedaron con Metrovacesa, y Rivero, por el que se segregaba el negocio de Gecina y este último aceptaba un paquete de acciones de control.

Prasa pudo vender entonces sus acciones de Metrovacesa, pagar el préstamo y obtener ganancias, pero Rivero, que tenía el control político del paquete, le propuso canjearlas por las de Gecina, de lo que Prasa esperaba una oportunidad de expansión internacional, y en abril volvió a firmarse el contrato, elevando el compromiso de compra por parte de Rivero a 184 euros por acción. Sin embargo, cuando en 2009 Prasa quiso ejecutar su opción de compra, ni Rivero ni Soler cumplieron, indicaba la querella.