La Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Capitales del Parlamento Europeo ha aprobado, con la abstención del Grupo de los Verdes, una resolución en insta a que esta Institución aplique mediante un plan de acción europeo para el periodo 2014-2019, que incluya 21 prioridades. Siga leyendo esta y otras noticias gratis en Iuris&Lex
Una normativa ya en tramitación
Este informe parte de las propuestas realizadas por el Parlamento Europeo a lo largo de los ejercicios 2011 y 2012 y el periodo transcurrido en 2013, lo que supone las propuestas de Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea; la relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y en torno a la contratación pública y la que se ocupa de regular la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
Por otra parte, también se parte de las propuestas de directiva relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación; sobre los ataques contra los sistemas de información y la de protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de estos datos.
Sobre la propuesta de Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión parte del que regula a la información que acompaña a las transferencias de fondos; el dedicado al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y el que modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre la financiación de los partidos políticos europeos.
No ha olvidado tampoco las propuestas reglamentarias sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos); el de lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal y el más reciente, destinado a regular la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust).
De esta forma, el objetivo del plan pasaría por establecer una definición de delincuencia organizada (que abarque, entre otros, el delito de pertenencia a organización de tipo mafioso), corrupción y blanqueo de capitales (incluido el autoblanqueo), que se basará, entre otras cosas, en un informe sobre la aplicación de la legislación europea pertinente; suprimir el secreto bancario; eliminar los paraísos fiscales en la UE y poner fin a la evasión y elusión fiscales mediante la adopción del principio de 'origen de la riqueza' recomendado por la OCDE.
Se aboga por garantizar el pleno acceso a la información sobre los propietarios reales de sociedades, fundaciones y fideicomisos (titularidad real), adaptando e interconectando asimismo en consecuencia los registros de las empresas de los Estados miembro; introducir el principio de responsabilidad jurídica de las entidades jurídicas (en particular de las sociedades de cartera y las empresas matrices respecto de sus filiales) en casos de delito financiero; erradicar, mediante sanciones, el tráfico de seres humanos y el trabajo forzado, especialmente por lo que respecta a los menores y las mujeres, y velar por que las víctimas del tráfico reciban la debida protección y ayuda.
Tipificación de delitos
Con respecto a la tipificación de delitos se propone tipificar el amaño de competiciones deportivas para intensificar la lucha contra las apuestas ilegales en el deporte y la compra de votos, incluso cuando implique ventajas inmateriales o para terceros; y reforzar los acuerdos de cooperación judicial y policial entre los Estados miembros y entre la UE y terceros países.
La Comisión parlamentaria destaca los vínculos existentes entre la delincuencia organizada y el terrorismo, como han puesto de relieve las autoridades judiciales y la policía en algunas circunstancias sobre la financiación de actividades ilegales de grupos terroristas mediante los ingresos generados por tráficos ilícitos a nivel internacional, y pide a los Estados miembros que refuercen las medidas destinadas a luchar contra dichas actividades. Por ello, considera importante el intercambio de datos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros mediante la creación de un sistema de registro de nombres de pasajeros (PNR) y del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) a escala de la UE, y mediante la buena cooperación a escala internacional entre agencias y fuerzas y cuerpos de seguridad.
La importancia social de los decomisos
Se propone, además, garantizar, al tiempo que se respeta plenamente el principio de proporcionalidad, el reconocimiento mutuo de todas las medidas judiciales, con particular referencia a las sentencias penales, las órdenes de decomiso y las órdenes de detención europeas, así como crear y poner en funcionamiento la Fiscalía Europea, dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios; apoyar al mismo a las agencias europeas, como Europol y Eurojust, así como los equipos de investigación comunes (ECI) y los organismos de recuperación de activos (ORA).
Pide a los Estados miembros que, sobre la base de las legislaciones nacionales más avanzadas, consideren la aplicación de modelos de decomiso no basado en condena, en los casos en que, sobre la base de las pruebas disponibles y previa decisión de una autoridad judicial, pueda demostrarse que los activos son el producto de actividades delictivas o son utilizados para desarrollar actividades delictivas. Y, además, determina que únicamente se pueden aplicar modelos de confiscación preventiva previa decisión judicial, de conformidad con las garantías constitucionales nacionales y sin perjuicio del derecho de propiedad y el derecho de defensa.
La Comisión Europea debería presentar una propuesta legislativa - según recomienda- que garantice de forma eficaz el reconocimiento recíproco de las órdenes de embargo y decomiso vinculadas a las medidas de protección de activos adoptadas por las autoridades judiciales italianas y a las disposiciones adoptadas en materia civil en distintos países de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que dispongan de inmediato las medidas operativas necesarias para que surtan efecto tales disposiciones.
Pide a los Estados de la UE que desarrollen la cooperación administrativa, policial y judicial para seguir en todo el territorio de la UE de los patrimonios de origen delictivo a efectos de embargo y decomiso, entre otras cosas mediante el pleno funcionamiento de la red de organismos de recuperación de activos y un acceso rápido a las bases de datos nacionales, como, por ejemplo, las de Hacienda, del registro público de automóviles, del catastro y del registro bancario.
Está previsto que la Comisión Europea potencie la función y las competencias de los organismos de recuperación de activos (ORA), creando las condiciones para que dispongan de un acceso más ágil y uniforme a la información, siempre de plena conformidad con la protección de los datos y los derechos fundamentales. Por ello, pide a los Estados miembros que apoyen el refuerzo de los ORA, entre otras cosas poniendo a disposición de los mismos unos recursos adecuados y considerando el potencial de estos organismos para recuperar patrimonios delictivos; aplaude el trabajo realizado hasta el momento por la plataforma ORA y alienta la prosecución de la misma con vistas al pleno aprovechamiento a escala europea de las mejores prácticas existentes y de la actividad de dichos organismos.
Ataques a la riqueza de los patrimonios mafiosos
El informe considera de fundamental importancia, con vistas a una lucha eficaz contra el poder de los regímenes delictivos mediante el ataque a su riqueza, introducir todos los instrumentos útiles para identificar los patrimonios delictivos y mafiosos, por ejemplo mediante la creación de registros centralizados de cuentas corrientes bancarias. Por ello, alienta a los Estados miembros a fomentar la reutilización de los productos del delito incautados con fines sociales como, por ejemplo, destinando dichos productos a las víctimas y a las comunidades que han quedado devastadas por la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, y a utilizarlos para financiar la lucha contra la delincuencia a partir del nivel local y acciones transfronterizas por parte de las autoridades responsables de la aplicación de la ley, y sugiere que se pongan a disposición fondos para financiar acciones destinadas a preservar la integridad de estos bienes.
Y, además, recomienda a los Gobiernos que implanten normas para perseguir penalmente tanto la conducta de quienes atribuyen de forma ficticia a otros la titularidad o disponibilidad de bienes, dinero u otros activos para eludir una disposición de embargo o decomiso, como la conducta de los terceros que de forma ficticia aceptan la titularidad o disponibilidad de esos bienes.
Y continúa su listado de medidas el informe de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Capitales del Parlamento Europeo, proyectando el establecimiento de una fiscalidad de las empresas a escala europea que sea lo más uniforme, justa y homogénea posible, se acompaña la promoción de los instrumentos de decomiso y confiscación de los activos de origen delictivo, incluidos métodos de confiscación adicionales, como la confiscación preventiva de los activos, y la reutilización para fines civiles de los activos confiscados, de conformidad con el principio de subsidiariedad; así como intensificar la lucha contra los delitos medioambientales y el tráfico de drogas.
Zonas ilegales de eliminación de residuos
Recuerda la participación de la delincuencia organizada en la creación y gestión de zonas ilegales de eliminación de residuos y en el tráfico ilegal de los mismos a terceros países, en particular África y Asia; pide a los Estados de la UE que sancionen severamente las actividades delictivas de gestión abusiva de residuos, incluidos los residuos tóxicos, así como la posible implicación de funcionarios públicos corruptos.
Por ello, exige contemplar la exclusión de la participación en contratos públicos en toda la UE, de los operadores económicos definitivamente condenados por delincuencia organizada, corrupción y blanqueo; introducir normas homogéneas para la protección de testigos, informantes y colaboradores con la justicia a escala europea; reconocer el importante papel del periodismo de investigación en la identificación de delitos graves y contemplar supuestos de no inclusión en las listas de candidatos, de no elegibilidad y de retirada de cargos públicos a consecuencia de condenas firmes por delitos relacionados con la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo.
Finalmente, en el informe se apuesta por cumplir plenamente a escala de los Estados miembros y de los organismos UE. Las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales que se ocupan de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales; definir e introducir, también sobre la base de un sistema de información uniforme, sanciones adecuadas para delitos estándar relacionados con la ciberdelincuencia y prevenir la corrupción en el sector público mediante un mejor acceso a documentos, normas específicas sobre conflictos de interés y registros de transparencia. Siga leyendo esta y otras noticias gratis en Iuris&Lex
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