Los cargos públicos no podrán usar tarjetas de crédito de sus departamentos

Madrid, 20 sep (EFE).- El Gobierno ha tramitado hoy un informe con cuarenta medidas para la regeneración democrática que pretende luchar contra la corrupción y, para ello, dedica una atención especial al control de los gastos de los cargos públicos prohibiendo que usen tarjetas de crédito de sus respectivos departamentos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado cuenta de ese plan -que prevé medidas que suponen la modificación de una decena de leyes- en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha dicho que esta serie de medidas no se adoptan al albur de casos concretos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas o los que afectan a otros partidos, sino que se fijan de forma general para hacer frente a la corrupción.

Tal y como ha ido avanzando el Gobierno, las iniciativas implican el refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos, una serie de medidas penales y procesales para luchar contra la corrupción, y una mejor regulación del ejercicio de los cargos públicos, especialmente de la administración general del Estado.

Es en este último apartado en el que se encuadran las medidas previstas para que haya el máximo control del gasto de los cargos públicos y eso permita la "tranquilidad" de los ciudadanos en este aspecto, según ha señalado la vicepresidenta.

Un capítulo de especial atención es el de los gastos de representación, que, según Sáenz de Santamaría, serán exclusivamente para los usos que fije la ley, como protocolo y cuestiones básicas de funcionamiento de los ministerios.

Para extremar las garantías, los gastos de representación reembolsables lo serán previa presentación de los correspondientes justificantes y se prohibirá expresamente el uso de tarjetas de crédito con cargo a la administración o empresa pública de que se trate.

La vicepresidenta ha explicado que ella no ha visto ese uso en la Administración General del Estado, pero ha defendido establecer esa prohibición "para que no quede ningún género de duda ni ningún resquicio".

"Lo que buscamos es transparencia y que se sepa de verdad qué obligaciones y derechos tienen los cargos públicos", ha señalado la vicepresidenta, quien ha explicado que se clarificará que los derechos de quienes estén en esos cargos, como por ejemplo en el caso de su jubilación, serán iguales a los del resto de trabajadores

En este contexto, Sáenz de Santamaría ha defendido la labor de los cargos públicos asegurando que desarrollan sus funciones volcados en el servicio público y que muchos de ellos lo hacen incluso percibiendo salarios más bajos que los que recibirían en la empresa privada.

Otra medida será la ampliación del número de altos cargos de todas las administraciones que estén sometidos al control reforzado de sus actividades económicas, permitiendo así alertar de conductas sospechosas por recursos no justificables.

El plan para la regeneración democrática regulará la figura del tesorero de los partidos, fijará su comparecencia obligatoria en el Parlamento y la obligación de que las fuerzas políticas informen de sus movimientos económicos al Tribunal de Cuentas con independencia de que reciban o no subvenciones.

Habrá igualmente más control de las fundaciones de los partidos, se reforzará el cobro de sanciones y el procedimiento sancionador y se retendrán las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas.

En el ámbito penal, se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos y se reforzará el marco penal aplicable en los principales delitos asociados a la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales.

Fuentes del Gobierno han explicado que la intención del Ejecutivo es que el borrador de algunas de las iniciativas incluidas en el plan tramitado hoy sea presentado en octubre a los grupos parlamentarios para intentar consensuarlas.

Tras la tramitación del informe por el Consejo de Ministros, el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha hecho público un comunicado en el que ha asegurado que se trata de una de las propuestas "más ambiciosas y avanzadas" en materia de regeneración en los últimos años.