Sevilla, 20 sep (EFE).- El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha augurado hoy que los incidentes ocurridos durante la instrucción del caso de los ERE fraudulentos de la Junta, como el hecho de que se haya estado "prohibiendo" grabar las declaraciones de los imputados, tendrá "consecuencias jurídicas graves".
Jiménez ha hecho estas manifestaciones en conferencia de prensa, en la que se ha referido -a preguntas de los periodistas- a la declaración del exdirector de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano ante la juez Mercedes Alaya, quien le acusó de "hacer teatro" después de que el imputado se quejara de que sus garantías estaban siendo mermadas.
"Lo que ocurrió ayer es una muestra de los términos en que se está llevando a cabo la instrucción", ha dicho Jiménez, que se ha mostrado convencido de que el hecho de que durante la instrucción de este caso "se haya estado prohibiendo la grabación de los testimonios" va a tener "consecuencias jurídicas graves".
El dirigente socialista ha denunciado una "falta de rigor" durante la instrucción y ha puesto como ejemplo el hecho de que se haya imputado a Lozano presuntos delitos de prevaricación y malversación, ya que, según ha sostenido, no se puede "acusar de malversación a una persona que no tiene capacidad de gasto, que no puede con su firma disponer en qué se gastan las cosas".
También ha criticado que, cuando Lozano se acababa de enterar de los cargos imputados, no se le permitiera "leer con tranquilidad de qué se le estaba acusando" y que se le "reconviniera de manera ofensiva diciendo que estaba haciendo teatro".
"Ahora entendemos por qué se quiere impedir que se graben los testimonio de las personas que acuden a declarar", ha señalado Jiménez, que ha enfatizado: "La justicia sin garantías no es justicia", al tiempo que ha criticado las "expresiones ofensivas" que, según ha dicho, utiliza la juez contra personas que acuden a declarar.
Ha denunciado, además, que se "obligara" a comparecer a Lozano sin que se le hubiera comunicado los cargos, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el fiscal no haya solicitado medidas cautelares contra el exdirector de Presupuestos de la Junta.
