
Parla, 4 sep (EFE).- El PP de Parla ha celebrado hoy que la Justicia siga aclarando el caso de los "sobresueldos", después de que hoy se haya conocido la imputación de dos nuevos cargos, el ex concejal de Personal Mariano Sánchez y el actual asesor jurídico, Víctor Berastegui, que se unen al alcalde parleño, José María Fraile.
El pasado mes de marzo se conocía la imputación de Fraile por una presunta malversación de caudales públicos por el supuesto pago de "sobresueldos" a trabajadores del Ayuntamiento parleño por valor de cerca de 1,6 millones de euros que se repartieron entre 2008, cuando Tomás Gómez aún era alcalde de la localidad, y 2011.
El portavoz adjunto del PP de Parla, Joaquín Reyes, ha señalado hoy que confían en que la Justicia "siga esclareciendo todos los escándalos en los que se encuentra atrapado el alcalde de Parla, que no en vano está doblemente imputado por este caso y por la destitución del jefe de Policía Local en 2009".
Reyes ha opinado que, "con tantos juicios abiertos, es normal que al imputado Fraile no le dé tiempo más que para seguir arruinando el Ayuntamiento de Parla, y quizá por eso sigue sin explicar después de una semana dónde están los 42 millones de euros del tranvía que no aparecen por ningún lado".
"Cada vez que ponemos una denuncia a Fraile, éste sale diciendo que es absurda, y resulta que le hemos anulado tres presupuestos y varias adjudicaciones de terrenos, por lo que está claro que el único ridículo es el propio Fraile y por eso está imputado al cuadrado", ha sentenciado el portavoz popular.
Reyes se ha referido con estas declaraciones a las manifestaciones realizadas ayer por Fraile, que tildó de "ridículo" al portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por presentar una denuncia la semana pasada por una presunta malversación y prevaricación en la gestión del tranvía local.
El caso de los "sobresueldos" investiga unos pagos realizados por el Ayuntamiento de Parla en contra de un requerimiento de la Delegación del Gobierno de Madrid, que les instó a modificar algunos artículos del convenio de los trabajadores municipales por considerarlos "ilegales".
El Gobierno local parleño (PSOE) modificó los artículos del convenio que les requirió la Delegación y aprobó eliminar dichos pagos para los empleados, sin embargo, estos se produjeron, con un coste de unos 400.000 euros al año (un total de 1,6 millones), según reflejan las cuentas del propio Ayuntamiento.
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