Una empresaria filipina se entrega a las autoridades tras dos semanas a la fuga

Manila, 29 ago (EFE).- La empresaria filipina Janet Lim-Napoles, acusada de estar implicada en la malversación de 10.000 millones de pesos (226 millones de dólares o 167 millones de euros), se entregó a las autoridades del país tras pasar dos semanas a la fuga.

Según apuntó anoche en un comunicado el portavoz de la Presidencia, Edwin Lacierda, Napoles se personó en Camp Crame, la sede de la Policía filipina en Manila, a las 21.37 de ayer (13.37 GMT), indica hoy el diario "The Inquirer".

Napoles se entregó pocas horas después de que el presidente filipino, Benigno Aquino, anunciara una recompensa de 10 millones de pesos (más de 223.000 dólares o 167.000 euros) por la empresaria fugitiva.

Hace dos semanas, un tribunal emitió una orden de arresto contra Napoles y contra su hermano, Reynald Lim Napoles, por la detención ilegal de un exsocio, Benhur Luy, quien dio la voz de alarma acerca del fraude masivo de los fondos públicos.

Poco después, Napoles desapareció, y la Policía del país temía que hubiera escapado del país, puesto que tres yates de la familia que estaban anclados en el Puerto Náutico de Manila habían desaparecido.

Tras entregarse, Napoles no fue presentada ante los medios de comunicación, como suele hacerse en el país con el resto de los sospechosos, aunque las autoridades no explicaron porqué no se estaba siguiendo el procedimiento normal.

Según la abogada de Napoles, Lorna Kapunan, que concedió una entrevista a una emisora local, la empresaria se entregó porque siente que su vida corre peligro.

"Hay gente que quiere silenciarla para siempre", explicó la letrada.

"Por eso -añadió Kapunan- es el momento adecuado (para entregarse). Además (Napoles) dice que no tiene nada que ocultar".

El fraude de los fondos públicos del que está acusada Napoles se deriva de la suma que, en Filipinas, recibe cada legislador para invertir en proyectos de desarrollo prioritarios.

Cada senador filipino recibe el Estado 200 millones de pesos (4,5 millones de dólares o 3,3 millones de euros), y los congresistas, 70 millones de pesos (1,6 millones de dólares o 1,1 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Investigación, cinco senadores y 23 diputados destinaron parte de sus fondos especiales a falsas organizaciones no gubernamentales para proyectos inexistentes por un valor de 10.000 millones de pesos durante la década pasada.

La empresa JLN Corporation, que preside Janet Lim-Napoles, reintegraba a los legisladores entre el 40 y el 45 por ciento del capital recibido y que justificaba con recibos de organizaciones no gubernamentales fantasma.

El escándalo llevó a que cientos de miles de ciudadanos filipinos se concentraran el pasado lunes para pedir la eliminación de estos fondos especiales, conocidos en el país asiático como "pork barrel", que son utilizados por los parlamentarios para ganar votos y por lo tanto suponen una fuente de corrupción política.