Las 60 cooperativas más potentes de España facturan, sumadas todas, 6.600 millones de euros, que es lo mismo que contabiliza la quinta cooperativa europea, según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura. Por ello, el Gobierno ha promovido la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Esta norma se basa en la concepción de que existe un grave problema de falta de dimensionamiento que hace muy difícil que las cooperativas españolas puedan alcanzar posiciones negociadoras potentes en la cadena agroalimentaria, en la que se ha producido un fuerte grado de integración de la distribución comercial organizada.
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El sector cooperativo está compuesto por cerca de 4.000 entidades y 1,2 millones socios, siendo en el conjunto de la producción agroalimentaria española, con una facturación de 17.405 millones de euros en 2011, un segmento capital de nuestro tejido asociativo del campo al que debe sumarse un creciente número de entidades asociativas de naturaleza no cooperativa que como las sociedades agrarias de transformación (SAT), las organizaciones de productores y las entidades mercantiles y civiles, vertebran el escalón primario de la producción agricola española, además de contribuir y mejorar la cohesión territorial mediante la generación de empleo estable y de calidad ofreciendo nuevos servicios que demandan los ciudadanos del medio rural.
El número de cooperativas presentes en el sector agroalimentario no ha crecido prácticamente en la última década y la facturación media de los últimos años se ha mantenido estable, en torno a los 4,4 millones de euros, según los datos oficiales sobre el año 2012. Ninguna cooperativa española se encuentra entre las 25 mayores de la UE, hecho aún más significativo si se tiene en cuenta el potencial que el sector agrario tiene en nuestro país.
La nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 2013, trata de poner a disposición del sector los medios para permitir su redimensionamiento y favorecer un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, generador de valor y que contribuya a la sostenibilidad del sector agroalimentario español. En los últimos cinco años, el número de agricultores asociados a cooperativas de primer grado se ha incrementado en un 16,8 por ciento y la facturación de las cooperativas en un 22 por ciento, pero todavía no se ha alcanzado ese grado de dimensionamiento que les permita defender una posición negociadora en la cadena acorde con el grado de integración de sus clientes.
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