
Sevilla, 31 jul (EFE).- La juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha ordenado hoy a trece altos cargos imputados que cambien de abogados, ya que comparten letrado y ello podría perjudicar a su defensa.
La titular del juzgado de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que como magistrada "tiene el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes, situaciones enfrentadas que puedan inferir a alguna de ellas una protección inadecuada de sus derechos e intereses".
Once de estos trece afectados se encuentran entre los veinte altos cargos de la Junta imputados a comienzos de julio, por lo que aún no han declarado ante la juez, que les da tres días para designar otro defensor.
José María Mohedano, defensor de Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, ha recurrido este auto directamente ante la Audiencia Provincial porque la decisión de Alaya "es una injerencia de la instructora en una cuestión deontológica, estrictamente estatutaria de la abogacía sobre la compatibilidad de las defensas".
"Además compromete el corazón mismo del derecho a la defensa y a la libre elección de abogado", ha señalado Mohedano, que ha considerado que obligarles a cambiar de letrado "supondría un daño irreversible" para su cliente, ya que "estaría privado del abogado de su confianza en este proceso penal", dice en el recurso al que ha tenido acceso Efe.
"Ni siquiera la existencia de una supuesta y abstracta incompatibilidad entre los intereses de la defensa, que por supuesto mi representado no comparte", podría conducir a "privar y a limitar a mi representado de la libre elección de su abogado", sostiene Mohedano.
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