Buenos Aires, 29 jul (EFE).- Los ministerios de Justicia, Salud y Defensa de Argentina acordaron hoy crear una comisión que revise la salud de los acusados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar (1976-1983), para saber en que centros han de recibir atención médica.
El acuerdo para decidir en que centros han de ser atendidos se produce tras la fuga, hace dos semanas, de dos exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de un hospital militar.
"Tenemos la directiva de la presidenta (Cristina Fernández) de conformar una comisión médica asesora entre los tres Ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", dijo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en un comunicado.
El informe de la comisión se presentará a la Justicia para determinar, por sus antecedentes médicos, si deben recibir atención médica en centros asistenciales de grandes prestaciones, pueden ser atendidos en hospitales cercanos a las cárceles o incluso en los servicios de salud de los penales correspondientes.
Rossi subrayó que "adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad", para evitar casos como el ocurrido la semana pasada, en el que se fugaron dos exmilitares.
El pasado día 25, el ex mayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua, y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon cuando iban a recibir atención médica en el Hospital Militar Central, en Buenos Aires.
Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.
El Gobierno ha ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención".
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