El Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta comienza a despertar las críticas del sector judicial. Aunque el texto disponible es la versión elaborada por la Comisión de expertos que el Ministerio de Justicia se creó con el fin de redactar la Ley -no es aún, por tanto, el anteproyecto oficial-, según la asociación Jueces para la Democracia (JpD) será esta versión la que pase finalmente al Consejo de Ministros. Y la visión de este colectivo dista mucho de ser positiva.
La formación denunció ayer, a través de una nota de prensa, que la Comisión de expertos creada por Justicia "no fue ni mucho menos plural, ni en el origen de sus miembros, ni en su formación o cualificación", y critica que no constan los estudios previos a la elaboración del informe ni referencias fiables sobre los plazos y términos para su presentación y debate parlamentario.
Además, el texto contiene, a juicio de JpD, "lagunas, omisiones e imprecisiones evidentes" que "generan serias incertidumbres no sólo sobre la calidad del anteproyecto, sino fundamentalmente sobre su finalidad, que no es la de adecuar la planta y demarcación a las necesidades de la Administración de Justicia en pleno siglo XXI, sino la de dar un nuevo paso en el desmontaje de uno de los pilares básicos del Poder Judicial: el de la independencia de los jueces".
Así, la nueva Ley entrega al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -"completamente reformado en su organización y competencias para adecuarlo al capricho y necesidades del Gobierno"- "importantísimas áreas de decisión y control de la jurisdicción".
Un texto con carencias
La Ley prevé eliminar el primer escalón judicial tal y como existe actualmente y crear a nivel provincial los llamados Tribunales de Instancia, de forma que el siguiente nivel se encuentre en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Se reduciría así la atomización actual de los juzgados unipersonales, lo que, según el anteproyecto, servirá también para unificar criterios y aportar más "seguridad jurídica" en las respuestas judiciales.
Sin embargo, bajo este esquema general se esconden preceptos que "vulneran abiertamente la independencia del juez y reducen al mínimo la capacidad de decisión, dejando las decisiones más trascendentes, incluido el reparto de asuntos, en manos de un presidente elegido por el CGPJ".
Por todo ello, la asociación considera que una reforma de tal calado "no puede imponerse, como todas las demás de este Gobierno en materia de Justicia, por el método del rodillo". Además, JpD denuncia que el anteproyecto que lidera el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón "no tiene en cuenta en absoluto el proyecto que sobre los Tribunales de Instancia se presentó en la anterior legislatura".
La "absoluta indefinición del modelo de tribunal de instancia en cuanto a las competencias, organización, criterios para la adopción de decisiones, funciones del presidente para cada tribunal, funcionamiento de las deliberaciones y articulación de las discrepancias" exigen, para JpD, un texto "mucho más trabajado".
