El Comité Económico y Social Europeo (Cese) ha acogido favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de incluir en una lista negra a los Estados considerados paraísos fiscales, "que no cumplen los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal".
Así lo ha manifestado en su dictamen, recientemente publicado en el Diario Oficial de la UE, sobre el Plan de acción presentado por la Comisión para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, que hacen perder a los Estados miembros más de un billón de euros anuales, según estimaciones de la Comisión. Eso sí, solicita que se establezcan criterios comunes "para determinar cuáles son estos Estados, y así evitar una aplicación desequilibrada a nivel nacional".
Además, matiza que la lista negra no debe limitarse a terceros países, sino que también deberá incluir territorios que pertenezcan a un Estado miembro o empresas que operen en estos territorios. Y es más, insta a la Comisión y a los Gobiernos nacionales a que incluyan en una lista negra también a las empresas que promueven este tipo de prácticas y, de modo complementario, que prevean sanciones que consistan, por ejemplo, en privarles del derecho a participar en los procedimientos de contratación pública, excluirlas de la financiación de la UE o rechazar la concesión de ayudas estatales en caso de que las hubieran solicitado.
Por otra parte, dice el Comité que "se muestra escéptico" en lo tocante a la aplicación de algunas de las medidas propuestas, dadas las "numerosas divergencias que existen entre los Estados". Y además, a su juicio, representa "un riesgo importante" para la aplicación de las nuevas medidas la reducción de los recursos financieros y humanos destinados a las autoridades fiscales, que los Estados han llevado a cabo debido a las medidas de austeridad.
Una práctica "inmoral"
En relación a la planificación fiscal agresiva, si bien reconoce el Cese que es una actividad legal, genera, según las estimaciones de la Comisión, la mitad de las pérdidas registradas por los Estados miembros debido a prácticas específicas de la economía sumergida. Así, denuncia el Comité que "erosiona las bases impositivas y obliga a los Estados miembros a aumentar los impuestos", por lo que supone "una práctica inmoral que afecta gravemente al funcionamiento del mercado interior pues disuade la competencia correcta entre las empresas y distorsiona la equidad de los sistemas fiscales con respeto a los contribuyentes".
Dicho esto, muestra sus dudas sobre el éxito de la aplicación de la cláusula general contra las prácticas abusivas que propone la Comisión Europea.
Las grandes fortunas están en paraísos fiscales
