Exconsejero de Educación asturiano firmó facturas por importe 1.297.682 euros a sabiendas de que eran "ficticias"

El exconsejero de Educación del Principado durante el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, José Luis Iglesias Riopedre, firmó facturas por importe de 1.297.682 euros "a sabiendas de que tales facturas eran ficticias", según las investigaciones del juez Sorando.

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Así se desprende del Auto del magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo sobre la investigación del llamado Caso Marea, un presunto caso de corrupción en el seno del Gobierno de Asturias cando Vicente Álvarez Areces estaba al frente del ejecutivo.

El juez sostiene en su escrito que de las presentes actuaciones se desprende que existen suficientes indicios de que el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, "abusando de su cargo y con la colaboración de la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y previo concierto con los representantes de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarin dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor a las mismas, haciendo gestiones para que se les adjudicaran continuamente obras y servicios públicos".

Y añade "no sólo de los contratos menores de adjudicación directa sino incluso de los de cuantía superior, simulando en éstos la concurrencia de empresas a través del mecanismo de hacer figurar como que existían tres ofertas, cuando en realidad eran todas de empresas vinculadas con los grupos empresariales de los otros acusados, y esto lo hacía a cambio de recibir favores como viajes y gastos de hotel por importe de 5.685,13 euros.

Y de que Igrafo "corriera con gastos de la empresa de su mujer y su hijo por 146.158,57 euros (sin contar el IVA). Y Almacenes Pumarín con gastos de la empresa de su hijo por un importe de al menos 220.349 euros.

CONSENTIMIENTO DE FACTURAS FALSAS Y SOBORNOS

En cuanto a la intervención de Riopedre, según el juez, constan claros indicios no solo de que conocía la existencia de las irregularidades, el reparto de contratas entre Igrafo y APSA, el pago de facturas falsas, y los sobornos que se pagaban, sino de que se hacían con su expreso consentimiento, atendiendo al informe contable que refleja los pagos efectuados por Igrafo de viajes y hoteles del consejero y su mujer y por obras efectuadas en la empresa de su hijo.

Y las intervenciones telefónicas efectuadas a uno de los empresarios y su socio en las que hablan de los manejos que tienen con el consejero y de su hijo y de la empresa del hijo del consejero y de los problemas que tienen con éste y de que tienen que darle 17.000 euros para que pague una factura pendiente, pero tienen que acompañarle al banco para que los ingrese y no se quede con ellos y la propia conversación con el hijo del Consejero sobre este asunto de que Igrafo va a poner el dinero pero ha de figurar que quien paga es Geogal.

Conversaciones de la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero,

con Riopedre como la del dia 20 de junio de 2010 en la que el Consejero le dice a la Directora General que "el equipamiento lo reparta siempre entre Igrafo y Pumarin".

Y finalmente algunas conversaciones entre Víctor y el propio Consejero que inicialmente no se entendía de que iban, pero que luego han quedado meridianamente claro que hablaban de favores y contra favores, así las conversaciones del dia 30 de julio de 2010 en la que el consejero le dice al responsable de Igrafo: "ya dije que te dieran a ti y a Pumarín el equipamiento de Arriondas" y "no se hace la prueba de geotermia del Campoamor porque es lo mismo que lo del Calderón por lo tanto hay que hacer pocos sondeos pero bien pagaos".

Sorando destaca en su escrito que "en lo poco que quiso declarar" intentó derivar la responsabilidad de la contratación de contratos menores a María Jesús Otero, pero de la documentación intervenida resulta que él mismo firmó alguna de las resoluciones con órdenes de pago irregulares de facturas falsas.

De las intervenciones resulta clara su implicación pues está al corriente de los "apaños" de Otero, el gerente de Igrafo y además es a su hijo al que le encargan el estudio. "Claramente hablan de amañar contratas, hablan de falsear documentos y pagan trabajos al hijo sin hacerlos", sostiene el juez.