El Parlamento Europeo (PE) espera que el Ejecutivo Comunitario elabore con urgencia una lista europea de organizaciones delictivas a semejanza de la de organizaciones terroristas; la creación de un programa de protección de denunciantes, testigos e informadores; el fin del secreto bancario; y nuevas definiciones legales unificadas entre los Veintisiete para la corrupción y la delincuencia organizada.
En un informe no vinculante, aprobado esta pasada semana, el PE también propone, una vez más, la creación de una Fiscalía Europea, y emplaza a la Comisión a que presente una propuesta antes de septiembre de este año.
Pide a los Estados miembros, en lo relativo a los decomisos, que sobre la base de las legislaciones nacionales más avanzadas, consideren la aplicación de modelos de confiscación preventiva de los activos, previa autorización de una autoridad judicial, en los casos en que puede demostrarse que los activos son el producto de actividades delictivas o son utilizados para este tipo de actividades.
El informe SOCTA 2013 de Europol concluye hay por lo menos 3.600 organizaciones delictivas activas en la UE y las características más generalizada de estas organizaciones son su enfoque cooperativo con forma de red, su fuerte presencia en la economía legal internacional, su tendencia a concentrarse en diferentes actividades delictivas al mismo tiempo y el hecho de que el 70 por ciento de las organizaciones existentes cuenta con miembros de diferentes nacionalidades, lo que demuestra el carácter transnacional del fenómeno. Los eurodiputados denuncian que la delincuencia organizada ahora incluye, entre sus modos de funcionamiento típicos, no sólo la violencia y la intimidación, sino también la corrupción.
El blanqueo de capitales es la pieza que acompaña a las actividades propias de la delincuencia organizada, como un fenómeno que se coloca en las proximidades de la corrupción, el fraude fiscal y la evasión fiscal. De esto se desprende que la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero, sin dejar de ser fenómenos distintos, a menudo están interrelacionados. Por ello, los europarlamentarios sumen a sus demandas que los condenados por corrupción no puedan presentarse a ningún cargo público en la UE durante al menos 5 años.
Confiscación preventiva
El Europarlamento considera que se pueden aplicar los modelos de confiscación preventiva previa decisión judicial. Anima, además, a los Veintisiete Estados miembros a prevenir el uso de los activos de origen delictivo para fines sociales; sugiere que se emprendan actuaciones y se destinen fondos para financiar medidas de protección de los bienes confiscados con el fin de preservar su integridad.
Bruselas estima que el producto de las actividades ilícitas a nivel mundial asciende a alrededor del 3,6 por ciento del PIB mundial y que el coste de la corrupción en la UE es de unos 120.000 millones de euros al año, es decir, el 1 por ciento del PIB de la UE. Además, el número total de trabajadores forzados en los Estados miembros asciende a 880.000 personas.
