Buenos Aires, 12 jun (EFE).- El Gobierno argentino anunció hoy que apelará el fallo que declara inconstitucional la ley que modifica el Consejo de la Magistratura, uno de los pilares de la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Cristina Fernández.
"El Estado nacional va a apelar este fallo", afirmó en declaraciones radiales el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, quien criticó que "se le esté impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano".
La jueza federal María Servini de Cubria declaró anoche inconstitucional la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, prevista en la nueva ley.
El ministro de Justicia señaló que el fallo corresponde con un "esquema corporativo, aristocrático y predemocrático".
Numerosos legisladores oficialistas salieron hoy a censurar el fallo, como el senador Aníbal Fernández, quien aseguró que entre los jueces existe "una fuerte defensa corporativa, irrestricta, que termina siendo nociva para el bien común", y sostuvo que le preocupan "los jueces que quieren gobernar el país".
La decisión de Servini de Cubría supone un duro revés para el Gobierno de Cristina Fernández, que pretendía estrenar la medida en las próximas elecciones, las primarias, convocadas para el 11 de agosto previas a las legislativas de octubre.
Aunque este es el primer fallo que se pronuncia sobre el fondo de la ley, varios jueces habían dictado ya medidas cautelares que dejaban en suspenso su aplicación.
La magistrada se pronunció sobre los amparos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y el Partido Demócrata Cristiano.
La reforma impulsada por el Gobierno de Fernández, y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, plantea, entre otras medidas, un aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura y su elección por votación popular en candidaturas partidistas.
Juristas y oposición cuestionaron la propuesta por considerar que constituye la "partidización y la politización" de la Justicia, mientras el Ejecutivo sostiene que pretende "democratizar" el sistema judicial.
También la relatora especial de la ONU para temas de la reforma de la justicia, Gabriela Knaul, ha criticado las iniciativas del Gobierno, lo mismo que organismos como Human Rights Watch.
