El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, publicó ayer su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, norma en la que trabaja el Gobierno y que inicia ahora su trámite parlamentario. El balance es agridulce: la intención, asegura el texto, es buena, pero hay defectos y algunas faltas, y el objeto de la ley resulta "confuso".
Entre otras cosas, el texto pone en duda el futuro del nuevo Emprendedor de Responsabilidad Limitada, figura que permitirá poner a salvo la vivienda habitual (cuando su valor sea inferior a 300.000 euros) en caso de que el negocio fracase. Así, el acceso a la financiación ajena "resultará muy difícil en el caso de los emprendedores individuales", a lo que se suma que tanto la Seguridad Social como Hacienda se saltan esa limitación, lo que "puede obstaculizar significativamente la actividad emprendedora como nueva oportunidad".
En cuanto a la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (que no requerirá capital mínimo para su constitución y mantendrá un régimen relativamente distinto al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada hasta alcanzar los 3.000 euros de capital social) también presenta problemas: la limitación a la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto, hace que la figura "resulte prácticamente inviable".
Por otro lado, el CES considera que algunos títulos de la norma se quedan cortos en las medidas que regulan. Así ocurre en el caso de los artículos sobre apoyo a la financiación, donde el CES echa en falta la inclusión de disposiciones que, "teniendo en cuenta el contexto actual de profunda crisis económica, se dirijan a paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas".
Por ejemplo, se podrían incluir medidas que impulsen "los microcréditos, los fondos de capital semilla, los préstamos participativos o el refuerzo del papel de las Sociedades de Garantía Recíproca".
El informe también critica que se excluya de los beneficios que introduce el Anteproyecto a las cooperativas y sociedades laborales. Dicha exclusión, según recoge el texto, "no se comprende".
