Los economistas piensan que es necesaria una reforma en profundidad del Impuesto sobre Sociedades, puesto que en los últimos cuatro años se han introducido en su regulación más de 70 cambios, lo que ha convertido esta normativa en un sudoku, según informó ayer Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Explicó que es imposible entender esta normativa para poder realizar las declaraciones por "la casaca de medidas que se han adoptado desde el principio de la crisis".
Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), explicó que desde su punto de vista es necesario revisar el sistema tributario en general, "examinando el papel de algunos tributos obsoletos como la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IMIVTNU), replanteando la situación de Sucesiones y Donaciones (ISD) o del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), o reorganizando la fiscalidad medioambiental y, seguramente, recomponiendo el conjunto de tributos estatales, autonómicos y locales".
Centrándose en la reforma del Impuesto sobre Sociedades, abogó por una reforma profunda, que suponga un ensanchamiento de las bases imponibles, una bajada de los tipos nominales compensada por la desaparición de algunas deducciones y bonificaciones y por la desaparición de muchos de los actuales regímenes especiales, entre los que destacó algunos como el de arrendamiento financiero, entidades parcialmente exentas o de entidades deportivas, donde cada vez hay más sociedades acogidas. Estas medidas deberían unirse a un acercamiento de la base imponible al resultado contable para subir el tipo efectivo, simplificar las amortizaciones, revisar la limitación de los gastos financieros deducibles y aprobar medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal.
Luis del Amo, secretario técnico del Reaf, explicó la gran diferencia que existe en la actualidad entre el tipo nominal (del 30 por ciento para las grandes empresas y el 25 por ciento para las pequeñas y medianas -pymes-) y el tipo efectivo que realmente se paga (el 11,6 por ciento el año pasado).
El tipo efectivo sobre el resultado contable se separa mucho del tipo nominal y esta brecha entre tipo nominal y efectivo se debe a los ajustes que se realizan al resultado contable para llegar a la base imponible y a las deducciones y bonificaciones en cuota.
Este impuesto ha pasado de recaudar 44.823 euros en 2007 a tan solo 16.198 en 2010, cuando la actividad económica no se ha reducido en esa proporción, ya que el PIB disminuyó menos de un 0,5 por ciento entre esos años.
Rebajar los costes de gestión
A pesar de considerar que estas medidas deben ser adoptadas para que suba la recaudación y se puedan realizar las declaraciones sin los costes de gestión actuales, Sanmartín avisó de las dificultades que el Gobierno puede encontrar a la hora de recortar los beneficios fiscales para las empresas, puesto que los que mayores rebajas suponen para las sociedades son difíciles de tocar, ya que se refieren a los tipos reducidos para pymes, los referidos al mantenimiento del empleo en estas empresas, los incentivos a la inversión o a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Por el contrario, consideró que los más sencillos de recortar son los que tienen una menor recaudación, lo que resta interés a la medida. Entre ellos, citó los incentivos fiscales al mecenazgo, la edición de libros o las deducciones por patrimonio histórico. Por ello, solicitó el apoyo a las sociedades que reinvierten sus beneficios para que continúen colaborando con el crecimiento económico para salir de la crisis.
