El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco contra el Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)
En concreto, el recurso, presentado el pasado mes de abril, hace referencia a los artículos 2, 8, 10, 27 y 28 del real decreto, así como a la disposición final tercera, y engloba dos tipos de materias, relacionadas con las competencias exclusivas de Euskadi en materia de regulación de sus empleados públicos y con la regulación de horarios comerciales, apertura en domingos y festivos y liberalización del periodo de rebajas.
Tras la admisión a trámite, en el pleno del día 21, se da traslado al Congreso de los Diputados, el Senado y al Gobierno central, y se abre el plazo de presentación de alegaciones.
Según anunció al presentar este recurso, el Ejecutivo vasco recurrió estos artículos al no haberse llegado a un acuerdo en la seno de la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco creada para dirimir este tipo de conflictos competenciales.
Por un lado, se recurren los artículos 2, 8 y 10 del Real Decreto-Ley al entender que se vulneran las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de regulación de los empleados públicos.
El Real Decreto-Ley, en su artículo 2, determinaba la no percepción de la paga extraordinaria en diciembre de 2012, mientras que en el artículo 8 se modificaban los artículos 48 y 50 del Estatuto Básico del Empleado Público reduciendo a tres los días de libre disposición de los empleados públicos y fijando las vacaciones en 22 días. El artículo 10 reducía los créditos y permisos sindicales.
Por otro lado, el recurso también hace referencia los artículos 27 y 28 al considerar que invaden las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la regulación propia en materia de comercio.
El Real Decreto ampliaba la jornada laboral y regulaba las aperturas en domingos y días. Además, respecto a la regulación de las rebajas, promociones y ventas de saldos, se permite su "total liberalización", lo que el Ejecutivo autonómico considera que "genera una inseguridad jurídica en el sector".
