
Reus (Tarragona), 28 may (EFE).- Los cuatro primeros exconcejales del PSC en Reus han declarado esta tarde ante el titular del juzgado número 3 de Reus por el aval que el pleno municipal concedió a Shirota, una empresa mixta público-privada.
Durante la tarde han declarado los exconcejales del tripartito reusense Misericòrdia Dosaiguas -Enseñanza-, Rosa Garrido -Servicios Sociales-, Carles Salas -Finanzas- y Teresa Pallarès -Turismo-, mientras que un quinto exregidor citado, Josep Morató -Promoción Económica-, no ha podido comparecer al estar convaleciente de una enfermedad grave.
De los cinco, solamente Dosaiguas y Salas continúan como concejales en el consistorio, aunque ahora en la oposición. Los cuatro han estado representados por el mismo letrado, Anton Aluja.
Pallarès, exsubdelegada del Gobierno en Tarragona y actual presidenta de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT), ha apuntado antes de entrar que como excargo público venía a "dar explicaciones y a colaborar con la Justicia".
El juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha citado a declarar como imputados a partir de hoy a los catorce miembros del anterior equipo de gobierno de Reus por avalar con tres millones de dinero público a Shirota, una empresa mixta público-privada.
Los catorce regidores que formaban parte del gobierno tripartito de la pasada legislatura en el consistorio reusense estaban citados a declarar a partir de hoy a las 16 horas en los juzgados de Reus, una comparecencia que continuará mañana y el jueves -cuando será el turno del exalcalde Lluís Miquel Pérez-, siempre por la tarde.
Por ello, durante tres tardes consecutivas por este juzgado irán desfilando los concejales para declarar ante el juez, el fiscal y sus respectivos abogados particulares, pero no los de la acusación porque el caso está bajo secreto sumarial.
Así, los diez regidores socialistas de la anterior etapa, los dos de ERC y los dos de ICV que constituían el anterior tripartito de Reus, del que era alcalde Lluís Miquel Pérez (PSC), tendrán que declarar en el juzgado por el aval de tres millones que el Ayuntamiento de Reus aprobó en febrero de 2008 para financiar Shirota, una empresa dedicada a la investigación alimentaria.
El pasado mes de marzo todos ellos ya declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por este mismo caso, una pieza que ha separado el juzgado de Instrucción número 3 de Reus del caso Innova a raíz de la denuncia presentada por AraReus, en la oposición, contra el exdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de Innova, Josep Prat, y el exdirector del CatSalut y responsable de Shirota, Carles Manté.
Los regidores del tripartito reusense aprobaron un aval a Shirota Functional Foods (SFF), dedicada a la investigación en la nutrición y la salud y los alimentos funcionales, de tres millones por parte del Ayuntamiento, cuando esta empresa estaba participada también por otros socios privados y, por esto, habrían incurrido en delito.
En cambio, los regidores del PP y de CiU, en la oposición, se abstuvieron, y el único de la CORI, también en la oposición, votó en contra.
El actual gobierno municipal decidió, el año pasado, liquidar Shirota por las deudas acumuladas, hacerse cargo de los tres millones de euros del aval y despedir a sus 14 trabajadores, incluidos los científicos.
Shirota Functional Foods (SFF), con sede en el Tecnoparc de Reus, se constituyó a mediados del 2007 con una fórmula de empresa mixta con capital público-privado.
La Morella Nuts adquirió el 48% del accionariado, mientras que el 52% procedía de las administraciones públicas: un 40% de Innova, un 2% del Hospital Sant Joan de Reus, un 2% de Redessa u otro 2%, de la Universidad Rovira Virgili.
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