Los fiscales progresistas exigen actuar contra los paraísos fiscales y piden que el Gobierno motive los indultos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) exige una "implicación real" de los poderes públicos en la lucha contra la corrupción, a través de medidas legales que activen los mecanismos de prevención, con una mayor actuación contra los paraísos fiscales y un aumento de medios en la Fiscalía Anticorrupción. Demanda también una "urgente" modificación de la Ley del Indulto que obligue al Gobierno a motivar esta medida conforme a criterios de justicia, equidad y utilidad pública.

Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en el Congreso que la organización de fiscales ha celebrado durante el fin de semana y en el que también han hecho balance de cual ha sido la actuación del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, desde su nombramiento.

La UPF ha realizado una "valoración global negativa" de su actuación por cuanto, a su juicio, ha comportado "un menoscabo de los principios de objetividad, imparcialidad y autonomía" que deben presidir el ejercicio de la función fiscal. En concreto, alude a su comportamiento en la investigación de los trenes del 11-M, en el 'caso Faisán', en materia de nombramientos o en la "remoción directa o indirecta" del que fuera fiscal superior de Cataluña Martin Rodríguez Sol.

A esto se suma, dice, la "pasividad" de la Fiscalía General ante un problema de "gran impacto social y posible trascendencia penal" como es el de las participaciones preferentes, "frente a la reacción inmediata a los llamados 'escraches'".

LA SUPRESIÓN DE AYUDAS ATACA AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

En las conclusiones, recogidas por Europa Press, también denuncia la supresión de las ayudas públicas a las asociaciones de fiscales por ser un "ataque al motivimiento asociativo" y a la defensa de los ciudadanos que pone en peligro la necesaria autonomía económica indispensable para el desarrollo de estas actividades.

En cuanto a la propuesta del Código Procesal Penal, lamenta que no profundice en los mecanismos e independencia y autonomía del Ministerio Público, mientras que ve en el nuevo proyecto del Código Penal unas medidas de peligrosidad "notoriamente regresivas y que entroncan con legislaciones pretéritas propias de países dictatoriales".

"La regulación de la situación personal del enfermo mental delincuente es, sencillamente, un atentado a las más elementales normas de la ética", ha concluido.

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