Los abogados de Orozco creen "inadmisible en un Estado de Derecho la situación de indefensión que sufre el alcalde"
LUGO, 21 (EUROPA PRESS)
La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones, decisión que la defensa del abogado de Lugo, José López Orozco, recurrirá esta semana para reiterar la petición de que se levante, al menos, parcialmente.
El abogado de Orozco, Gregorio Arroyo, tras mantener una reunión con el regidor, ha explicado este martes que recurrirán el auto, remitido con fecha de ayer por el juzgado lucense, previsiblemente directamente ante la Audiencia Provincial.
De este modo, ha explicado que, aunque disponen de cinco días para presentar recurso, "mañana o pasado" lo formalizarán en sede judicial para pedir que, al menos, se levante parcialmente el secreto sobre las actuaciones para "poderse defender".
La jueza instructora justifica que prorroga el secreto de las actuaciones para que no se entorpezcan las investigaciones en el marco de esta operación.
INOCENCIA
Tras reunirse con el alcalde de Lugo, su abogado ha reiterado la "inocencia" del regidor, y ha manifestado que éste está molesto con autos bajo secreto que han trascendido de la causa que le producen "daño profesional y personal", por lo que reivindica su derecho a defenderse.
"A ver si se levanta una parte del secreto de las actuaciones y nos podemos defender", reivindica la defensa de Orozco, tras el último auto de la jueza instructora.
En esta línea, el Ayuntamiento de Lugo, a través de un comunicado, ha confirmado que el Juzgado de Instrucción Número 1 le ha comunicado a los abogados del alcalde su decisión de prorrogar el secreto de sumario e indica que esta decisión será recurrida "por lo que tiene de perjudicial para el derecho de defensa del regidor y ante las continuas filtraciones de un sumario declarado secreto".
La defensa de Orozco cree "inadmisible en un Estado de Derecho la situación de indefensión que sufre el alcalde", ya que, según sostiene, "se le impide ejercer debidamente su legítimo derecho de defensa contra las graves acusaciones que trasladan a la opinión pública los medios con el consiguiente daño a su imagen personal y pública".
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