Hacienda retendrá las cantidades que las comunidades autónomas no paguen en plazo a las entidades locales por todos los gastos producidos por los encargos de servicio que les realicen, según se regula en el texto del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora debaten políticos, comunidades autónomas y Haciendas Locales.
Hasta ahora las Administraciones Autonómicas hacían encargos a las corporaciones locales mediante convenios, que no pagaban o resultaban gravosos, porque no sufragaban la totalidad de los gastos de estos encargos. Este tipo de actuaciones quedan prohibidas en la futura normativa y cualquier encargo que haga una comunidad autónoma de una competencia propia a un ayuntamiento tendrá que financiarse por la totalidad del coste de la misma y garantizar el pago.
Así lo ha confirmado a elEconomista el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tras el acto de clausura de las XVI Jornadas de Gestores Administrativos, celebradas en Santander. Beteta explicó, además, que esto "supone un cambio radical en la financiación de las Administraciones Locales y va a permitir que haya una eliminación de duplicidades, que es una de las lacras que sufren los ciudadanos y que sufren las arcas de las Haciendas Territoriales y que debe corregirse con la Ley de Sostenibilidad Local que ahora mismo estamos debatiendo".
Aceptación expresa municipal
El texto del anteproyecto establece que los convenios por los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios "deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública".
"Aquel gestor público que gaste sin tener crédito líquido presupuestario incurrirá en responsabilidad", ha añadido el secretario de Estado.
Esta medida es complementaria del segundo Plan de Pago a Proveedores, que entrará en vigor en pocos días, mediante la publicación de un Real Decreto-ley en el BOE.
En un plazo inferior a tres meses, las Administraciones Locales estarán obligadas a pagar sus deudas en un plazo máximo de 30 días, una vez que entre en vigor una nueva norma, pero antes de ello el Gobierno sacará el nuevo plan de pago a proveedores, segundo que se realiza y último, que permitirá que las comunidades autónomas incluyan sus deudas con los ayuntamientos. En esta ocasión, todas las Administraciones Públicas podrán incluir las facturas de sus acreedores. Beteta espera "que se solucionen las deudas de las Administraciones con sus corporaciones locales que son muy significativas y se paguen las deudas en plazo".
Hacienda cifra en 7.129 millones de euros el impacto calculado para el conjunto de medidas de clarificación de competencias.
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