El nuevo CGPJ respetará la paridad prevista en la Ley de Igualdad

Madrid, 29 abr (EFE).- El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá respetar en su composición la paridad prevista en la Ley de Igualdad, de tal manera que los vocales de cada sexo no podrán superar el 60 por ciento de los 21 miembros ni ser menos del 40 por ciento.

Actualmente, de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces, incluidos el presidente y el vicepresidente, siete son mujeres, es decir, un 33 por ciento.

Cuando se apruebe definitivamente la reforma del CGPJ, la composición de este órgano deberá respetar las previsiones de la ley de Igualdad, tal y como ha aprobado hoy la Comisión de Justicia del Congreso, que ha dado su visto bueno a una enmienda transaccional de PP, PSOE, la Izquierda Plural, CiU y el grupo mixto.

Esta ha sido una de las pocas novedades acordadas hoy en el debate respecto al trámite de ponencia.

Durante el debate, los grupos se han quejado de la "falta de diálogo" del PP y del Gobierno, que han aceptado 78 de las 293 enmiendas presentadas al texto de reforma del CGPJ, aunque la mayoría de ellas han sido de carácter técnico.

La reforma tendrá que estar en marcha en septiembre, fecha en la que se quiere renovar el CGPJ que, según el proyecto del Gobierno, será elegido por las Cortes por una mayoría de tres quintos, y sólo siete de sus miembros, entre ellos el vicepresidente, tendrán dedicación exclusiva, mientras que el resto permanecerán activos y sólo cobrarán por su asistencia a plenos o comisiones.

El Congreso y el Senado elegirán cada uno a cuatro juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional y otros seis cada uno de la carrera judicial, puestos a los que puede presentarse cualquier juez con 25 avales o el de una asociación judicial.

Todos los grupos han criticado la iniciativa y, así, el diputado del PSOE Julio Villarrubia ha acusado al Gobierno de faltar al respeto al Parlamento al llevarla a cabo de forma "atropellada", sin debate y sin diálogo.

Con ella, ha dicho Villarrubia, se "devalúa" la democracia, se "ataca" la independencia del poder judicial, se quita poder al órgano de gobierno de los jueces y se impone un sistema "presidencialista".

"Nos encontramos ante una grave contrarreforma que ha conseguido poner por primera vez a todos los operadores jurídicos de todo el país y a todo el elenco de partidos en contra de las contrarreformas ultraconservadoras del Ministerio de Justicia y el Gobierno", ha apostillado el diputado socialista.

Tanto Montserrat Surroca (CiU), como Emilio Olabarria (PNV) y Joan Tardà (ERC) han reprochado al Ejecutivo que no haya aprovechado la reforma para incluir la creación de los consejos autonómicos del poder judicial, previstos en siete estatutos de autonomía.

Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha lamentado el papel "vergonzoso" del Parlamento en el trámite al no haberse aceptado ninguna enmienda de calado y ha asegurado que el texto de Justicia supone una "involución" y un "paso atrás" en el modelo de gobierno de los jueces.

"Tiene el olor y el color de un decreto ley y el sabor de la mentira", ha subrayado Llamazares en alusión a la "falta de diálogo" con los grupos pese al ofrecimiento que, según ha recordado, les hizo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el debate de totalidad.

De estas críticas se ha defendido la diputada del PP Sara Cobos, quien ha resaltado como objetivos de la reforma la agilización del CGPJ en el cumplimiento de sus funciones, su simplificación y menor coste económico y su profesionalización porque incluirá a los mejores.