Tras una primera reforma de urgencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que tocó únicamente -aunque no sin polémica- el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ahora toca el turno al resto del texto legal: el borrador de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta ya se encuentra en fase de consulta pública, y el anteproyecto estará listo a finales de 2013.
En el marco de la jornada 'El poder judicial en el siglo XXI', organizada por Garrigues Abogados, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión institucional para la elaboración del texto, Luis María Díez-Picazo, marcó cúales son los grandes ejes de una reforma que, por su relevancia, merece unos tiempos "más amplios": la reorganización de los tribunales y la modificación del estatuto de jueces y magistrados.
Tribunales de instancia
Sobre el primer punto, la gran novedad es la implantación de los tribunales de instancia. La idea, que tiene "algún precedente" en la legislatura pasada, supone la desaparición de los juzgados unipersonales en su totalidad, que quedarán integrados en los llamados tribunales de instancia, con competencia territorial correspondiente a la provincia. Así, los juzgados de lo mercantil, primera instancia, violencia, juzgados de paz, etc. quedarán incluidos en este único organismo, lo que supondrá también pasar de los más de 400 partidos judiciales existentes a unas 50 demarcaciones provinciales.
Las ventajas, para los miembros de la Comisión institucional, son muchas y muy variadas: desde la aplicación del principio de economía de escala a la Justicia -tal y como ya ocurre en los despachos, que se "reagrupan y fusionan"-, hasta arrojar más "predecibilidad" en las resoluciones judiciales. Así, para Carlos Lesmes, magistrado del Supremo y miembro de la Comisión, con la nueva estructura "el juez recién llegado no trabajará solo y aislado, imponiendo sus propias normas y decidiendo con arreglo a criterios sui generis" evitando interpretaciones dispares en temas clave.
Recordó que, "de hecho, la situación está propiciando que las juntas de jueces se reúnan para ver cómo interpretar este tipo de cuestiones", a raíz de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre ejecución hipotecaria y procedimiento monitorio.
El segundo punto clave de la reforma se encuentra en la generalización de las "oposiciones de segundo nivel" dentro de la carrera judicial. Según Díez-Picazo, este sistema ya se aplica entre los magistrados de lo contencioso-administrativo, por lo que la idea es "extenderlo a todos los órganos jurisdiccionales para favorecer la excelencia dentro de la carrera judicial".
