La APIF denuncia desproporción en el procedimiento que apartó del servicio a un fiscal de A Coruña
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha denunciado este viernes eficiencias en el procedimiento sancionador que puede aplicarse a este colectivo, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse que es el de separación del servicio (expulsión) , por presentar "graves deficiencias en lo que se refeire a garantías procesales".
El comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido emitido en relación con una decisión adoptada a finales del pasado mes de enero por el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, que propuso al Ministerio de Justicia apartar de la Carrera al fiscal destinado en A Coruña Juan Antonio Frago por la comisión de "varias faltas de carácter muy grave", algunas de ellas relacionadas con comportamientos de "falta de respeto" a su superior, la fiscal jefa de esa provincia María Esther Fernández.
El decreto dictado por Torres-Dulce que supuso de facto la expulsión de Frago de la Carrera Fiscal, algo que es la primera vez que ocurre en la etapa democrática, fue anunciado en el Consejo Fiscal del pasado 16 de enero.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Se da la circunstancia de que Frago denunció ante la justicia a su superiora por un presunto delito de falsedad documental que se está instruyendo actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña.
La asociación minoritaria de fiscales que denuncia esta situación ya dirigió en su día una carta abierta a Torres-Dulce manifetando que "la sanción de expulsión de la Carrera Fiscal es respecto de los cargos que se le reprochan al expedientado absolutamente desproporcionada."
Con independencia de esta valoración, que "será una cuestión que deberá ser resuelta por los tribunales de justicia", la APIF denuncia deficiencias en el sistema sancionador que la asociación ha podido conocer al raíz del caso de Frago.
"Sorprende, por ejemplo, que siendo preceptiva la audiencia del Consejo Fiscal antes de que el Fiscal General proponga la sanción al Ministro -que es el competente para adoptarla- no se establezca la audiencia del afectado en dicho Consejo Fiscal, cuando si es preceptivo escuchar al Inspector, que es quien eleva la propuesta de sanción al Consejo Fiscal".
En el caso concreto, la asociación subraya que la ofendida por la conducta de Frago, su Fiscal Jefe, es vocal del Consejo Fiscal, "de manera que todos los vocales la conocían -llevan trabajando con ella tres años- pero casi nadie conocía a Frago, por lo que era más necesaria en nuestra opinión la citación de éste para que pudiera explicarse".
Critican igualmente que actuaciones relativas al expedientado, incluso concluido el expediente, hayan esatdo rodeadas de un secreto intolerable para la Carrera Fiscal que tiene derecho a saber cuales son los criterios de interpretación de las faltas disciplinarias que pueden determinar la expulsión de un fiscal".
La asociación considera que debe dotarse de "gradualidad de las sanciones" de modo que no pueda imponerse como primera sanción la expulsión de la carrera si los hechos no son extraordinariamente graves.
Propone igualmente que se introduzca en el procedimient audiencia oral y presencial del fiscal interesado ante los órganos competentes para proponer o informar la sanción y regulación de las incompatibilidades entre las funciones de jefatura, las representativas, las de provisión de cargos y las disciplinarias en el Consejo Fiscal.
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