Alcanar presentará recurso de súplica al TSJC para evitar el derribo de 32 viviendas

Alcanar (Tarragona), 3 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Alcanar presentará un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar el derribo de 32 viviendas de la urbanización Serramar construidas ilegalmente.

Los trámites que deben llevar al derribo de 32 viviendas ilegales de la Urbanización de Serramar en Alcanar avanzan inexorablemente mientras el Ayuntamiento intenta agotar todas las vías legales para tratar de evitarlo.

La juez que instruye el caso ha desestimado el último recurso del consistorio e insiste en que hay que derribar.

Como respuesta, el Ayuntamiento de Alcanar presentará un último recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por qué insisten al asegurar que el derribo no es una medida suficientemente motivada para restaurar la legalidad urbanística, como reclama el juzgado contencioso administrativo de Tarragona.

"Aunque el de la juez era una auto esperado, lo vemos con preocupación porque, de alguna manera, se van cerrando puertas a soluciones que sean menos traumáticas", ha explicado el concejal de Urbanismo del consistorio, Manel Martí, que añade que "sin embargo, presentaremos un recurso de súplica porque entendemos que la restauración de la legalidad no debe implicar automáticamente el derribo".

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la juez titular de la sala 2 de lo Contencioso Administrativo de Tarragona, recién incorporada y que sustituye a la que había emitido autos anteriores, expone que ya en la resolución del 24 de enero pasado, confirmado por el TSJC, la ilegalidad de la licencia implica la demolición de lo construido, "independientemente del Plan Especial de Reforma Interior (PERI)" que el Ayuntamiento redactó y "del recurso de casación" que el consistorio también presentó al Tribunal Supremo.

La juez concluye diciendo que "no procede" interponer más recursos de apelación contra los autos "ni acordar cualquier otra actuación que no sea la de derribar el inmueble construido a partir de una licencia declarada ilegal".

Ante tal contundencia, el consistorio insiste en que el recurso de súplica "no es una táctica dilatoria. Como consistorio, tenemos la obligación de agotar todas las vías de defensa", remarca el concejal de Urbanismo.

Por otra parte, Martí también se muestra sorprendido por el hecho de que los vecinos de los 32 viviendas que amenazaron con emprender acciones legales bastante duras, como denunciar la cincuentena de licencias urbanísticas que se otorgaron con los mismos criterios erróneos que a la promotora Turov o emprender acciones contra los responsables políticos y técnicos de haber otorgar estas licencias, solo hayan presentado, al menos de momento, alegaciones al decreto de alcaldía que les insta a derribar sus propias casas.

"Ellos manifiestan que no han sido parte de este proceso. Piden que no se haga el derribo porque no han podido dar su opinión, aunque no sé hasta qué punto esto hubiera modificado el sentido de la sentencia", explica el concejal de Urbanismo.

"A nosotros nos ha sorprendido que a pesar del tiempo transcurrido no se hayan personado en los tribunales. Pero supongo que ellos saben qué línea deben seguir para defender sus intereses", apunta Martí, que afirma que como consistorio tienen la obligación de atender a los vecinos como ciudadanos y que no cerrarán la colaboración ni la aportación de información que necesiten.