Barcelona, 27 mar (EFE).- El TSJC ha dado por ahora la razón a Agbar en la pugna que mantiene con Acciona por la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), una decisión que genera un conflicto al Govern, que había cobrado de Acciona 298 millones y que usó esta operación para recortar su déficit en 2012.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no se ha pronunciado aún sobre el fondo del conflicto, el tribunal ha confirmado la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio, la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC).
Este organismo dependiente de la Generalitat anuló la adjudicación que había hecho el propio Govern a Acciona al considerar que su oferta no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso.
Los autos dictados por el TSJC han llevado a Acciona a anunciar que recurrirá ante el Tribunal Supremo, mientras que todavía no está clara la posición del gobierno catalán, que en un principio ha dado por supuesto que presentaría recurso y luego ha asegurado que dejaba todas las opciones abiertas a la espera de analizar el contenido del pronunciamiento del TSJC.
Aunque AGBAR (AGS.MC)no se ha pronunciado oficialmente, fuentes del sector dan por supuesto que solicitará al TSJC que se ejecute inmediatamente la resolución en el caso de que la Generalitat presente recurso.
Además de desestimar los recursos de la Generalitat y Acciona, el TJSC también ha desestimado en otro auto la petición que le hacía Agbar para que impidiera a Acciona "tomar posesión" de las instalaciones y empezar a gestionar el servicio.
Como Acciona lleva gestionando la compañía desde el pasado 1 de enero, el TSJC entiende que esta medida cautelar ha quedado ya desfasada.
Los autos del TSJC se han notificado mientras los consellers de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, comparecían en el Parlament para informar precisamente sobre la privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.
El pronunciamiento ha generado sorpresa y desconcierto en el Govern, ya que esperaba que, de entrada, el TSJC invalidara la resolución del OARCC.
La privatización de esta compañía, la mayor llevada a cabo por la Generalitat, está en el aire desde que el OARCC anuló la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, una decisión que recurrieron el propio Govern y Acciona.
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y a su área metropolitana, para lo que cuenta con cuatro grandes plantas potabilizadoras, desalinizadoras, depósitos y 900 kilómetros de tuberías.
El pronunciamiento del TSJC puede convertirse en un quebradero de cabeza para el Govern, ya que, tal como le han recordado la mayoría de grupos de la oposición, el gobierno catalán se expone a reclamaciones económicas de ambas empresas.
El conseller ha evitado especular sobre qué consecuencias puede tener esta decisión para la tesorería de la Generalitat -dado que el Govern ya ha cobrado de Acciona 298 millones, un 30 % del canon- o bien para el déficit de 2012.
Aunque la Generalitat debe cobrar los 698 millones restantes del canon en los próximos 50 años, el gobierno catalán se apuntó contablemente el año pasado los 995 de la totalidad del canon para poder reducir en 0,5 puntos el déficit de la Generalitat, que finalmente cerró en el 1,96 % del PIB.
