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Carlos Fabra será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal

Valencia, 22 mar (EFE).- El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado por dos delitos continuados de de cohecho y tráfico de influencias y otros cuatro más de fraude fiscal, acusado de haber utilizado su posición política para agilizar la aprobación de productos de una empresa fitosanitaria.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Nules ha decretado hoy, en una resolución contra la que no cabe recurso, la apertura de juicio oral contra el que también fue presidente provincial del PP de Castellón y que actualmente preside Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto castellonense.

El auto mantiene la fianza de 4,2 millones de euros que se le impuso e insta a la Audiencia de Castellón a fijar la fecha de la vista oral, ya que es este órgano el competente para juzgarle.

La resolución, hecha pública hoy, llega un mes después de que el Tribunal Supremo amparara al juzgado de instrucción permitiéndole decretar la apertura del juicio "con absoluta libertad de criterio", desautorizando así a la Audiencia Provincial, que entendió que el delito de cohecho -el más grave de los que se le imputan- debía quedar fuera de esta causa.

Además de Fabra, también será juzgada por fraude fiscal su exesposa, Amparo Fernández, así como el empresario que le denunció, Vicente Vilar y la exmujer de este, Monserrat Vives, ambos por cohecho continuado.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular han solicitado penas de entre 15 y 20 años de prisión para el expresidente de la Diputación.

Los hechos comenzaron a investigarse hace nueve años, cuando el juzgado de Nules -por el que han pasado nueve titulares desde entonces- dio trámite a dos querellas contra Fabra presentadas por Vilar, gerente de una empresa de productos fitosanitarios llamada Naranjax, cuya producción era sintetizada por la mercantil Arcavi, propiedad de su esposa.

Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación por parte de los Ministerios de Agricultura y Sanidad, y entonces Vilar decidió acudir al presidente de la Diputación utilizando la amistad que unía a las esposas de ambos.

Según apunta el juez, Fabra inició una mediación con autoridades y funcionarios de ambos departamentos gubernamentales para agilizar la autorización de los productos de la empresa de Vilar.

Entre otras gestiones, se reunió con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz, y el senador Miguel Prim, que también será juzgado por "presionar" a altos funcionarios para este mismo fin.

Cuando finalmente se aprobó una de las líneas de producto más importantes de Naranjax, Fabra le requirió a Vilar 150.000 euros por su mediación.

Además, le propuso crear una sociedad para explotar las posteriores licencias que fuese obteniendo de los citados Ministerios, y de esta manera nació la empresa Artemis 2000, por la que Fabra continuó haciendo valer su influencia política.

Respecto a los cuatro delitos fiscales, que fueron descubiertos por Hacienda a raíz de la trama de los productos fitosanitarios, el juzgado señala que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.

La apertura de juicio oral contra Fabra ha pillado por sorpresa al Gobierno valenciano, cuyo vicepresidente, José Císcar, ha dicho que estudiarán la conveniencia de que éste siga al frente de la empresa gestora del aeropuerto de Castellón cuando conozcan el auto de apertura de juicio oral contra él.

El vicepresidente, que ha asegurado que no conocía la noticia, que se ha producido unos minutos antes de comenzar su comparecencia ante los medios de comunicación, ha afirmado que aunque tiene que revisar la decisión judicial, "si esa noticia es cierta podrían revisarse las circunstancias de este caso en concreto".

Desde los grupos políticos de la oposición se ha pedido el cese inmediato del expresidente de la Diputación, y así la diputada socialista María José Salvador ha pedido al jefe del Consell, Alberto Fabra, que proceda a su "destitución inmediata como presidente de Aerocas".

Desde Compromís, el diputado autonómico Josep Maria Pañella ha calificado de "muy alarmante" que se haya decretado la apertura de juicio oral contra Carlos Fabra sin que se hayan asumido todavía "responsabilidades políticas".

La diputada de EU en Les Corts Marina Albiol ha exigido al president de la Generalitat que no deje pasar "ni 24 horas" antes de apartar al expresidente de la Diputación de Castellón y actual presidente de Aerocas de "cualquier cargo público y político", cumpliendo con su discurso de "apartar a los imputados".

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