El ministro del Interior confía en que el TEDH entienda que la doctrina Parot es justa

Madrid, 14 mar (EFE).- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy que la doctrina Parot "no solo es justa, sino que además preserva los derechos de los ciudadanos", unos criterios que confía tenga en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que analizará el recurso de España.

Fernández Díaz, que ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras inaugurar la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada, ha señalado que la doctrina Parot es "un elemental sentido común" y que "nadie en su sano juicio puede cuestionarla".

El próximo miércoles el tribunal de Estrasburgo analizará el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la derogación de esta doctrina en el caso de la terrorista Inés del Río, condenada a más de 3.000 años por 23 asesinatos, entre otros delitos, y después de que este tribunal europeo instara a España a poner en libertad a esta reclusa etarra.

Preguntado sobre la decisión adoptada por el Parlamento vasco con los votos favorables de EH Bildu y PNV y la oposición del PSE-EE, PP y UPyD, de solicitar la derogación de la doctrina Parot, Fernández Díaz ha asegurado que se trata de una noticia de la que "no debe alegrarse la ciudadanía".

Su derogación, ha añadido, significaría la puesta en la calle no solo de presos etarras y de otras organizaciones terroristas, sino también de delincuentes comunes que han cometido múltiples delitos.

"Personas que han cometido 15 violaciones y 5 asesinatos y que por ejemplo saldrían a la calle, de modo que cada violación y asesinato les saldría a menos de un año de condena", ha subrayado el titular de Interior, que considera que no es "razonable" que suponga los mismos años de pena "violar a una mujer que a 25".

Como doctrina Parot se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo en 2006 a un recurso presentado por el etarra Henri Parot, por la cual las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios no se apliquen sobre el máximo legal de 30 años de prisión, sino sobre cada una de las penas, lo que supone un alargamiento de su estancia en la cárcel.