Quienes critican el Proyecto de Ley de Reforma de los Registros -por el que los registradores de la Propiedad y Mercantiles se harán cargo del Registro Civil- "es que no han terminado de entender qué es lo que se pretende".
Así se defendió ayer Joaquín Rodríguez Hernández, director general de los Registros y del Notariado, de las severas críticas que la propuesta ha despertado entre un grupo de registradores y notarios, y aseguró que ésta "no es una ley para la pelea" entre ambos colectivos. Si los notarios entienden que la llevanza del Registro por parte de los registradores "es un ataque hacia ellos es que no han entendido la reforma", añadió el director.
En el marco del desayuno informativo organizado ayer por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley Wolters Kluwer, el director aseguró que la preocupación de estos profesionales es "en parte por el desconocimiento de la reforma" y sostuvo que "un examen del texto produciría la reacción contraria". Y aseguró que desde el anteproyecto, Justicia ha aceptado más de 80 sugerencias, procedentes, entre otros colectivos, de los notarios.
En este sentido, recordó que gracias a esta reforma estos fedatarios públicos asumirán funciones como la autorización de separaciones y divorcios o la tramitación de expedientes de nacionalidad.
No obstante, el Consejo General del Notariado contestó ayer en una nota a estas declaraciones advirtiendo de que la reforma "supondrá un lastre para el tráfico jurídico y un perjuicio para la sociedad". Y es más, desmintió que ninguna de sus propuestas se hayan incorporado al texto, tal y como afirmó Rodríguez.
Sin memoria económica
Por su parte, una de las principales denuncias de los registradores descontentos ha sido la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo se sostendrá el sistema, más cuando Justicia ha informado -y así lo corroboró Rodríguez- de que los registradores verán aumentadas sus funciones, pero sin percibir una contraprestación por ello.
Explicó Rodríguez que "la situación económica en que vivimos exige una importante cuota de sacrificio que se podría traducir en una reducción de los aranceles de los registradores como funcionarios públicos". En lugar de esto, dijo, se ha optado por que asuman más trabajo "y es por eso por lo que hay una oposición de los registradores". Además, señaló que el proyecto no lleva una memoria económica porque "no tiene por qué haberla", de igual manera que las bajadas arancelarias tampoco van acompañadas de esta memoria. A este respecto, aseveró el director que "no hay gato encerrado".
En relación a la supresión del recurso gubernativo que incluye el borrador, sostuvo que las denuncias que ha acarreado la decisión "son una pelea de patio de colegio" entre ambos colectivos.
Niega una privatización
También atacó a quienes aseguran que con la reforma se pretende privatizar el Registro Civil. A este respecto, recordó que los registradores "son funcionarios públicos del Estado". Y defendió que, si bien se podría crear un nuevo cuerpo y nuevas oficinas o programas informáticos que asumiera la llevanza de los registros, "costaría mucho dinero, cuando los registradores cuentan ya con las estructuras necesarias para desarrollar esta función".
Se refirió también Rodríguez al aumento de los hechos inscribibles, como es el caso de los poderes y del domicilio. En cuanto a los primeros, aseguró que el tradicional sistema de apoderamiento por la apariencia no protege lo suficiente al ciudadano, por lo que hay que sustituirlo por un sistema en que se pueda comprobar la certeza de ese poder telemáticamente. Respecto de la inscripción del domicilio, dijo el director que "no se trata de una nueva carga al ciudadano, sino de un servicio que se pone a su disposición", dado que va a ser de carácter voluntario.
Por todo, aplaudió el nuevo sistema de registros que se persigue con la reforma y defendió que "supondrá un importante ahorro" de un servicio que ahora cuesta cerca de 450 millones de euros y ofrecerá un servicio más eficaz a todos los ciudadanos.
Entre tanto, y tras la presentación de más de trescientas firmas de los miembros de un colectivo dividido, los registradores han convocado su Asamblea General los días 16 y 18 de abril en Zaragoza, para debatir las consecuencias de asumir la gestión del Registro Civil.
