Buenos Aires, 5 mar (EFE).- La Justicia argentina llevó hoy de nuevo al banquillo a los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por crímenes cometidos durante el régimen (1976-1983) con la cobertura del Plan Cóndor, la estrategia de represión conjunta aplicada por las dictaduras suramericanas.
El Tribunal Oral en lo Federal 1 de Buenos Aires juzga también al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y a los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.
El exgeneral Ramón Genaro Díaz Bessone fue finalmente apartado del juicio por causas médicas, mientras que el único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.
En este juicio se agruparon tres causas sobre la desaparición de 108 personas, de la que se acusa a las fuerzas de seguridad nacionales en el país o en el extranjero durante la última dictadura.
La mayoría de las víctimas eran uruguayas, aunque también hubo de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.
La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, situado en Buenos Aires, y que fue considerado como la principal base de operaciones del Plan Cóndor en el país.
"Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos", declaró a Efe la abogada querellante Alcira Ríos.
"Por primera vez están unidas todas las víctimas", añadió Ríos, quien se mostró confiada en que después de tantos años de espera "se haga justicia".
El "Plan Cóndor" u "Operación Cóndor" fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
"Los opositores huían a los países vecinos creyendo que allí estaban seguros y no era así", explicó la veterana abogada, que trabajó ya en la primera causa relacionada con el Plan Cóndor, abierta a finales de los años 90.
Uno de los casos de más repercusión fue el de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, detenida en su país junto a su marido, Marcelo Gelman, y trasladada en 1976 a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz a una niña que fue entregada en adopción a un policía uruguayo.
El poeta no logró reunirse con su nieta, Macarena, hasta el año 2000, cuando fue localizada y recuperó su verdadera identidad.
Las primeras pruebas concretas de la Operación Cóndor aparecieron en 1992, cuando el activista paraguayo de derechos humanos Martín Almada descubrió informes secretos en dependencias policiales en Asunción.
En los después bautizados como "Archivos del terror" constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.
Documentos desclasificados por Estados Unidos en 2010 demostraron también que el FBI conocía desde 1976 la existencia de un plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de eliminarlos.
Videla, de 87 años, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, fue el primer presidente de la última dictadura argentina condenado a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.
El año pasado, otro tribunal nacional condenó al dictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés, hijos de desaparecidos, durante la dictadura.
