El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago decidirá el lunes sobre los bienes presentados por los dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez detenidos en el marco de la 'Operación Caballo de Troya', junto a otras 13 personas, como pago de la fianza de un millón de euros en cada caso para eludir la prisión provisional.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, tanto la mujer M.I.M.P., que ha propuesto aportar una finca para efectuar el pago de la fianza, como su hermano J.L.M.P., han presentado bienes para hacer frente a la fianza impuesta a cada uno.
De este modo, una vez agotado este viernes el plazo para presentar el pago, se ha dado trasladado al fiscal para que se posicione sobre los bienes aportados y, una vez determinado el valor de los mismos, el juzgado decidirá el lunes al respecto.
Para abonar una fianza se puede realizar un pago en metálico, mediante aval bancario o de un bien inmueble que debe tener el doble del valor que se pide.
OPERACIÓN
En la 'Operación Caballo de Troya' había sido detenidas 15 personas: una en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia.
Entre los arrestados se incluyen dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, quien vendió a Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Orense, y otro vástago de José María Cuevas, quienes quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial pero imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.
En concreto, el juez instructor impuso una fianza de un millón de euros a M.I.M.P., hija del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, que fue arrestada en Ponferrada, y a su hermano J.L.M.P., detenido en Madrid.
Ambos hijos de Martínez Núñez se encuentran en la misma situación judicial, imputados por delito fiscal, falsedad documental e insolvencia punible a raíz de la venta posiblemente fraudulenta de tres hoteles situados en Santiago, Lugo y Orense.
