La Oficina antifraude se ofrece para controlar la futura ley de transparencia

Barcelona, 1 mar (EFE).- El director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, ha asegurado hoy que este organismo debería encargarse de la "ejecución" de la ley de transparencia porque se trata de un órgano adscrito al Parlament "independiente y con nombramientos no politizado".

De Alfonso ha hecho este ofrecimiento tras presentar la memoria anual y un informe sobre el derecho de acceso a la información pública y transparencia a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que se ha mostrado dispuesta a terminar el borrador de la ley de transparencia y de la ley electoral antes de que acabe el año.

El director de la oficina antifraude ha asegurado que "por 7 u 8 casos llamativos de corrupción no hay que hacer una valoración catastrófica", aunque ha matizado que la corrupción siempre es "horrorosa" y que resulta preocupante, no tanto por los casos en sí, "que no son habituales", sino por si en el futuro "se convierten en una tónica que no se consigue erradicar".

En su informe, la Oficina Antifraude propone que la transparencia se proteja a través de una ley específica que "no deje al margen a ningún poder del Estado" y, en este sentido, de Alfonso se ha mostrado partidario de que la Casa Real esté incluida.

Asimismo, ha instado a que se hagan públicos todos los datos de interés público, aunque para ello sea necesaria "una tarea previa de reelaboración".

Según el informe, la transparencia no es un fin, sino un instrumento para prevenir la corrupción, que exige también el cambio cultural de dejar atrás el "secretismo".

Durante el año 2012, la Oficina Antifraude recibió 145 denuncias -una menos que el año pasado-, de las cuales, una vez descartadas las que no pasan el filtro previo de verosimilitud, se tramitaron 119 expedientes y se concluyeron 44 investigaciones.

De las investigaciones -algunas de las cuales se arrastraban de años anteriores-, 17 fueron archivadas, 8 se derivaron al ministerio fiscal o autoridad administrativa, 22 fueron objeto de un informe razonado y se emitieron 14 recomendaciones.

Casi la mitad de las denuncias las han presentado particulares, mientras que en un 31 % de los casos los han interpuesto partidos políticos, y la Oficina Antifraude ha actuado de oficio en un 3 % de los casos.

Los partidos que han interpuesto un mayor número de denuncias son CiU (35 % de los casos denunciados por grupos políticos) y PP (18 %), cuyas denuncias en el año 2011 supusieron sólo un 7,7 % del total, mientras que el PSC, que en 2011 denunció el 19,2 % de los casos, en 2012 solo fue el denunciante en un 4 %.

La mayoría de las denuncias han ido dirigidas contra Ayuntamientos (56 %), seguidas por la Generalitat (19 %), aunque también ha habido denuncias contra diputaciones, fundaciones y consejos comarcales, entre otros.

En cuanto a las denuncias para las que se ha recomendado abrir un proceso de investigación, la mayoría han afectado a Ayuntamientos (un 65,1 % de los casos), aunque este porcentaje se ha reducido respecto 2011, cuando representaban un 83 %.

En cambio, el porcentaje de denuncias con propuesta de investigación que afectan a la Generalitat es del 18 %, cuando en 2011 era el 8,1 %.