Continúa la entrega a Argentina de dos fugitivos buscados por crímenes de lesa humanidad y la extradición a Egipto de un testaferro de Salem
Continúa la entrega a Argentina de dos fugitivos buscados por crímenes de lesa humanidad y la extradición a Egipto de un testaferro de Salem
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la solicitud de extradición a Chile de seis ex agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) acusados de secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.
La petición de entrega, propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se refiere a los agentes que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar del Gobierno chileno y están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.
Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres, José Remigio Ríos San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de dicha organización, según ha informado el Ministerio de Justicia.
A los reclamados se les acusa de participar en el "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores" al régimen militar, emprendido por la dictadura chilena durante el año 1976. En concreto, serían los presuntos responsables de la muerte del diplomático Carmelo Soria, cuyo cadáver fue arrojado a un canal, simulando un accidente con su propio coche.
Todos ellos se encuentran en Chile, beneficiados por la amnistía concedida por la Corte Suprema chilena en agosto de 2006, por lo cual resulta imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos.
Ante esta circunstancia, la Audiencia Nacional ha solicitado su busca y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado. El juez Ruz procesó el pasado año a los siete miembros del servicio secreto chileno.
CRÍMENES CONTRA OPOSITORES DE LA DICTADURA ARGENTINA
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha acordado continuar el procedimiento de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa, acusados de un delito de asociación ilícita por su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante la dictadura militar.
Arenaza y Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y argentina, formaron parte de esta organización que actuó entre 1975 y 1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina) encargándose de ejecutar delitos contra los opositores al régimen. Se le atribuyen asesinatos, secuestros, robos violentos, falsificaciones de matrículas de vehículos o documentos públicos, así como coacciones e intimidaciones.
La CNU fue un grupo ligado a las Juventudes Peronistas, operando como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos estudiantiles.
Las autoridades argentinas sujetaron su petición de extradición en que podrían ser autores de crímenes de lesa humanidad, no sujetos, por lo tanto, a prescripción, por lo cual solicitaron su captura internacional. La Audiencia Nacional decretó su libertad provisional tras ser detenidos el pasado mes de enero.
'CASO SALEM'
A propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el Ejecutivo también ha dado luz verde a la continuación del procedimiento de extradición a Egipto del turco Alí Evsen por un delito de blanqueo de capitales.
Se sospecha que Evsen participó en una trama de blanqueo de dinero proveniente de la obtención de beneficios ilícitos de dinero público mediante la venta de gas a Israel a través de una sociedad instrumental.
Dentro de esta trama, dirigida por el empresario hispano-egipcio Hussein Salem, Evsen habría transferido 17 millones de euros de dinero ilícito a la cuenta bancaria del hijo del jefe de la operación, Khaled Salem.
Para poder realizar esas actuaciones, Evsen adquirió la propiedad del 28% de las acciones de la mencionada sociedad instrumental en 2008, en un acto formalizado ante notario público en Azerbaiyán, donde entonces residía. En la actualidad, se encuentra en Madrid, en libertad provisional decretada por la Audiencia Nacional.
