JpD ve la corrupción en los partidos una lacra y advierte al PP que responsabilidad penal y política no son asimilables

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado este martes que la corrupción en los partidos políticos es una "lacra" y ha advertido al Partido Popular (PP) de que las responsabilidad penal y política no deben ser asimilables.

"La corrupción instalada en determinados partidos políticos no es un problema judicial, sino una lacra sustentada en su financiación. La responsabilidad política no debe ser asimilada a la responsabilidad penal como pretende el PP", ha manifestado JpD en un comunicado hecho público tras la reunión del Comité Permanente celebrada en Valladolid.

En este sentido, ha denunciado que los magistrados carecen "de medios de todo tipo" para hacer frente a una de sus funciones: "Instruir y juzgar las causas por corrupción tanto política como económica", lo que, a su juicio, "conlleva la percepción generalizada de impunidad de tales conductas en el ámbito judicial español".

Asimismo, ha criticado las declaraciones efectuadas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, en este sentido porque, en su opinión, "parecen negar que las leyes reformadas o las decisiones del Ejecutivo busquen conseguir un marco de impunidad".

"JpD considera que las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden propiciar ese marco de impunidad ante la corrupción minando la independencia judicial y la separación de poderes en la forma que fueron diseñadas por la Constitución", ha señalado.

LEY DE TASAS JUDICIALES

En relación con la Ley de Tasas Judiciales, Jueces para la Democracia ha acordado solicitar a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma.

Becerril se ha reunido este martes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y le ha hecho entrega de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema. Tras dicho encuentro, el titular de la cartera de Justicia ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados que el Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.

La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha recomendado a Ruiz-Gallardón reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Jueces para la Democracia también ha vuelto a mostrar su "preocupación por la utilización de expresiones y conceptos inadecuados, alejados de las Convenciones y Convenios Internacionales ratificados por España en materia de violencia de género". Así, denuncia que la Ley de Tasas Judiciales "no exceptúa, en todo caso, a las víctimas de violencia de género del pago de tasa judicial", lo que "limita el acceso a la tutela judicial efectiva".

En relación con la reforma del Código Penal, JpD ha criticado que, a su juicio, "invisibiliza el concepto de violencia de género, ya que desaparece la expresión del articulado". Por último, ha advertido de que en el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no se contempla la existencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género".

Debido a esto, JpD solicita "una mayor coherencia, rigor y seriedad en normas que tienen tanta importancia en la prevención, enjuiciamiento y sanción de este tipo de violencia" porque, en su opinión, "la eficacia de la norma depende en gran parte de grado de apoyo que efectivamente se dispense desde la sociedad y los poderes públicos a los bienes jurídicos protegidos".

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Por otra parte, la asociación de jueces ha recordado que el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley que "supondrá la suspensión" del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "en el que se regula el procedimiento para el nombramiento del Consejo General".

"Además de un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático, esta suspensión supone una modificación de hecho de los requisitos establecidos para llevar acabo la modificación de una Ley Orgánica y de los contemplados en la legislación para su vigencia, con la finalidad de conseguir que los intereses del actual Gobierno se materialicen por encima de la legalidad", ha advertido.

Por este motivo, JpD ha pedido al CGPJ que, "a la vista de esta injerencia y de la que supone la pretensión de reglamentar el estatuto profesional de los componentes de la Carrera Judicial, active los mecanismos de que aún dispone para que no se materialice" y que "estudie la posibilidad de plantear un conflicto al Tribunal Constitucional" en defensa de su independencia.

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