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Los madrileños retrasan la compra de medicinas ante la posible suspensión del euro por receta

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28/01/2013 - 20:22

Madrid, 28 ene (EFE).- Farmacéuticos madrileños han reconocido que muchos de los clientes de sus establecimientos están retrasando la compra de medicamentos ante la posibilidad de que mañana el Tribunal Constitucional (TC) suspenda la tasa del euro por receta de forma cautelar.

Féliz López, farmacéutico del barrio de Chamberí, ha indicado a Efe que gran cantidad de sus clientes están disconformes y "reniegan de pagar" la tasa, hasta el punto de declararse insumisos desde que la medida quedara suspendida en Cataluña el día 15 de enero.

En este sentido se han pronunciado otros farmacéuticos que han comentado que numerosos pacientes se han declarado insumisos por consejo de "sus médicos de cabecera" que les han recomendado que no paguen la tasa en previsión de que el Constitucional la suspenda.

Los boticarios consultados coinciden también en que se ha producido un descenso en la compra de medicinas por parte de los usuarios, porque confían en que no tengan que abonar esa tasa en los próximos días.

Esto, según ha indicado una farmacéutica del distrito de Chamberí, es una muestra de que "no se necesitan todas las recetas que se cogen en el médico".

El Tribunal Constitucional estudiará, en su reunión plenaria que comienza mañana, la admisión a trámite y una probable suspensión cautelar del euro por receta en Madrid, en vigor desde el pasado 1 de enero.

El TC ya ha admitido a trámite un recurso similar respecto al euro por receta en Cataluña y ha suspendido allí esta medida, por lo que fuentes del tribunal consideran muy probable que adopte la misma decisión en este caso.

El pasado 11 de enero, el Gobierno acordó recurrir ante el TC el cobro del euro por receta por entender que gravar la tasa en una comunidad vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

En su dictámen del 17 de enero, el Consejo de Estado ha determinado que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.