El sector de la justicia pide a Defensora que no sea un dique a favor tasas

Madrid, 15 ene (EFE).- Abogados, sindicatos y consumidores han formalizado hoy ante la Defensora del Pueblo su petición de que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Tasas Judiciales y han expresado que la institución que Soledad Becerril representa no debe actuar como "dique de contención", sino tramitar las demandas sociales.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO, así como del Consejo de Consumidores y Usuarios, que integra a la mayor parte de las organizaciones estatales de este ámbito (once en total) han formalizado hoy ante la Defensora del Pueblo su petición de que recurra la Ley de Tasas por ser ésta inconstitucional.

Las organizaciones, agrupadas en la Plataforma Justicia Para Todos, con la que han manifestado su identificación también las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, consideran que esta ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución.

"El Defensor del Pueblo no puede ser un dique de contención que no tramite determinadas demandas que, por parte de la sociedad, se están planteando. No tenemos otra vía de llegar al Constitucional que a través del Defensor del Pueblo o de una cuestión de inconstitucionalidad" a través de los tribunales ordinarios, ha declarado Rodolfo Benito, de CCOO.

Becerril "no puede dejar en manos de otras instituciones la posibilidad de este recurso", ha señalado por su parte Carmen López, de UGT, quien ha añadido que "tiene el deber de defender al conjunto de los ciudadanos ante un hecho muy grave, como es que el Gobierno haya dividido la Justicia entre pobres y ricos".

Según los sindicalistas, Becerril se ha comprometido a estudiar un posible recurso, pero ha precisado que dispone de plazo para presentarlo hasta el día 20 de febrero. En cualquier caso, ha explicado que el asunto "le preocupa".

Los portavoces de USO y CSIF han explicado a los periodistas, a su salida del encuentro con la Defensora, que la Ley de Tasas supone limitar el acceso a la Justicia de los más desfavorecidos.

Carlos Carnicer, por su lado, ha reiterado que han explicado a la Defensora sus argumentos, algunos por escrito, y han prometido ampliarlos con todas las aportaciones de abogados, sindicatos y consumidores y usuarios.

Con todo ello -ha concluido- esperan decididamente que sea acogida su petición.

El Consejo de Consumidores y Usuarios considera por su parte que la Ley de Tasas constituye una vulneración de los derechos de los consumidores, por la desigualdad que impone al gravar a los perjudicados con un coste que se suma al de pagar abogado y procurador.

Además de ello, la ley grava la ejecución de los laudos arbitrales que resuelvan los conflictos y, por último, la condena en costas, que puede implicar recuperar las tasas si se gana el conflicto ante el juez, casi nunca se produce en la jurisdicción civil, defienden también los consumidores y usuarios.