En plena polémica sobre la Ley de Tasas, llega la norma que completará el nuevo mapa del coste del acceso a los tribunales. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, aprobado en Consejo de Ministros, una norma que elevará el umbral económico de acceso a este servicio para adaptarlo a los nuevos precios. Como contrapartida, se endurece el control ante posibles fraudes: a partir del tercer acceso a este servicio en el mismo año, existirá presunción de abuso de derecho, abriéndose una investigación si se inicia un cuarto proceso.
Tres son los pilares de la norma: unos requisitos económicos más laxos para acceder al servicio; la creación de determinados grupos que, debido a su condición de víctimas, disfrutarán de gratuidad independientemente de sus condiciones económicas; y el endurecimiento del control ante posibles abusos.
La principal razón de ser de la Ley se encuentra en que, dado que "las tasas judiciales aumentan los costes procesales, se ha considerado oportuno incrementar los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que puedan limitar el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos", tal y como recoge la nota del Ministerio.
Mayo coste, más beneficiarios
Partiendo de la idea de adaptar la Ley vigente -que data de 1996- a "la realidad actual", el texto amplía el número de beneficiarios y pone coto, a la vez, a prácticas abusivas. Como gran novedad, las personas -físicas y también jurídicas, en algunos casos- que tendrán acceso a la justicia gratuita no lo disfrutarán sólo por causas económicas, sino que se incluirá a colectivos que "el Gobierno considera especialmente vulnerables".
En cuanto al nuevo marco económico, éste tendrá en cuenta las circunstancias familiares. Si el umbral ahora se encuentra en dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910 euros al año), el futuro techo se basará en el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y variará en función del número de miembros del núcleo familiar. Así, para las familias de dos o tres miembros, el límite de renta estará en 2,5 veces el Iprem, es decir, 15.975,33 euros al año. Este umbral se eleva hasta tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros). Sin embargo, el límite se reduce en relación con el actual cuando se trata de núcleos de una sola persona: dos veces el Iprem (12.780,00 euros). Por otro lado, en caso de circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de los procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos con límites más laxos. De cuatro veces el SMI (29.821) hasta cinco veces el Iprem (31.950,65).
En cuanto a los beneficiarios con independencia de sus ingresos, Gallardón incluye en su lista de grupos vulnerables a las víctimas de violencia de género, a las de terrorismo, a las de trata de seres humanos, y a los menores de edad o discapacitados víctimas de abuso o maltrato. Eso sí, únicamente en procedimientos relacionados con esta condición. Por ejemplo, el divorcio de una víctima de malos tratos, o la disolución de la sociedad conyugal. También las víctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes accederán de forma gratuita a todos los servicios relacionados con procesos relacionados.
Control del fraude
La norma también prevé la creación de un comité de consultas, que se moverá en el marco del Ministerio de Justicia, para "asegurar una interpretación homogénea". Además, si en el plazo de cuatro años el beneficiario "viene a mejor fortuna" (sus ingresos son el doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita), la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.
Los Colegios de Abogados y Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, por su parte, tendrán más facultades de averiguación patrimonial, y se crea la presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que se acuda a este servicio en un año, salvo en el orden penal.
