Avisa de que los jueces suplentes pedirán prestaciones por desempleo, por lo que el ahorro para las arcas públicas será "ínfimo"
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido al Ministerio de Justicia que promueva vías para que el millar de jueces sustitutos y magistrados suplentes continúe ejerciendo funciones jurisdiccionales y evitar así que "integren las listas del desempleo", como establece la recién aprobada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La ley que propone la práctica desaparición de los jueces suplentes, la reducción de los días de permiso de los magistrados y la imposición de funciones de sustitución a 'jueces en prácticas' fue aprobada este jueves de forma definitiva en el Pleno del Senado.
En este escenario, Jueces para la Democracia ha puesto de manifiesto su "expreso apoyo y reconocimiento" al colectivo de jueces sustitutos y magistrados suplentes por la "labor fundamental" que han desempeñado durante muchísimos años para "mantener la calidad de la Justicia como servicio público".
"Ello ha posibilitado la sustitución de los miembros de la Carrera Judicial y el refuerzo de los órganos judiciales. Esto se ha debido en gran parte a la falta de voluntad política de aumentar la ratio de jueces del sistema judicial español", ha enfatizado.
TRABAJO IMPOSIBLE PARA LOS TITULARES
Según explica en un comunicado, la reforma obligará a todos aquellos que permanezcan como nombrados, pero sin llamamiento, a ingresar en las listas del desempleo y a solicitar las prestaciones que les correspondan.
"Y eso supondrá paradójicamente que el pretendido ahorro que con su supresión se pretende sea ínfimo por esos costes añadidos, y sin embargo, se haga a costa de sacrificar la eficacia del sistema judicial en detrimento de los derechos de la ciudadanía", ha indicado.
Jueces para la Democracia advierte de que la asunción de su trabajo por los jueces titulares resultará "manifiestamente imposible" y desea que se encaucen vías para que los sustitutos continúen ejerciendo funciones jurisdiccionales con plenos derechos laborales y con acceso a formación, al objeto de que puedan prestar con las debidas garantías el servicio público que se les encomienda.
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