La CorteIDH condena a República Dominicana por la muerte de haitianos

San José, 29 nov (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy que encontró culpable a la República Dominicana por la muerte, a manos del Ejército, de seis inmigrantes haitianos y un dominicano que viajaban en un camión el 18 de junio de 2000.

"Con motivo del uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, el Estado violó el derecho a la vida" de los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus y del dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo de la CorteIDH publicado hoy en su página de internet.

El caso es conocido como "Nadege Dorzema contra República Dominicana" o "La masacre de Guayubín", y se refiere a la muerte a tiros de los haitianos en la madrugada del 18 de junio de 2000 en la frontera con Haití, cuando intentaban entrar de forma irregular al país vecino en un camión para buscar trabajo.

La sentencia, con fecha del 24 de octubre, indica que los jueces dieron por acreditado que "agentes dominicanos abrieron fuego indiscriminado" contra el camión durante una persecución después de que el vehículo no se detuviese en un puesto de control.

Los disparos "provocaron la muerte de cuatro personas" y con el "posterior vuelco del camión perdió la vida una quinta, mientras que varias más corrieron para salvar sus vidas, momento en el que los agentes abrieron fuego provocando la muerte de otras dos personas", señala el fallo.

Los jueces también comprobaron que con la prueba recopilada "no se desprende ningún indicio de que los inmigrantes estuvieran armados o hubieran hecho algún tipo de agresión contra los agentes".

El Estado argumentó durante el proceso que el camión embistió al retén militar, que existían sospechas de que transportaba drogas y que el camión no atendió las señales para detenerse.

La Corte también encontró culpable al Estado dominicano por violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y no discriminación.

Los jueces ordenaron a la República Dominicana investigar y castigar a los culpables de estos hechos y determinar el paradero de los cuerpos de los fallecidos, repatriarlos y entregarlos a sus familiares en Haití.

Además, el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso, capacitar a sus fuerzas armadas en el tema de no discriminación, realizar una campaña mediática sobre los derechos de los inmigrantes y adecuar su legislación en lo relacionado al uso de la fuerza para que no se repitan hechos similares.

Los jueces también ordenaron el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial para los familiares de los fallecidos y para diez personas que resultaron heridas.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo hemisférico.