Alcanar quiere agotar las vías legales para evitar el derribo de 32 viviendas

Alcanar (Tarragona), 29 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Alcanar se aferra al "restablecimiento de la legalidad urbanística" y quiere agotar todas las vías legales para evitar el derribo de 32 viviendas que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según el alcalde, Alfons Montserrat.

El TSJC ha confirmado una sentencia de un juzgado de Tarragona que obliga al Ayuntamiento de Alcanar a derruir 32 viviendas de la calle Buguenvíl·lea porque se construyeron con una licencia urbanística nula.

En rueda de prensa, Montserrat ha indicado que el consistorio estudiará, a partir de mañana y hasta agotar el plazo legal (el día 5 de diciembre), la forma de intentar evitar lo que ya parece inevitable.

"Hay 32 viviendas, por ejemplo, pero podría haber 9, hay que ver cuál es el alcance de esta restauración de la legalidad y si la promoción se debería dejar con 9 viviendas o qué ", ha afirmado el alcalde.

Otra de las vías para parar el derribo, según el alcalde, sería alegar imposibilidad legal o material para ejecutar la sentencia.

La imposibilidad material vendría dada por el escaso margen de tiempo de que dispone el ayuntamiento, que alega que "el proceso requiere redactar un proyecto, adjudicarlo y dar tiempo a los vecinos para que se marchen".

Sin embargo, la opción más factible sería la de declarar la imposibilidad legal ya que "acceder una vivienda no es tan fácil, se requiere un permiso judicial", según Montserrat.

Sobre la cincuentena de licencias urbanísticas que se habrían interpretado de forma errónea, Montserrat, sin posicionarse, ha asegurado que el ayuntamiento trabaja para evitar que el caso pueda ir más allá.

"Hemos de ser prudentes y en situaciones no deseadas debemos tratar de trabajar para que no se produzcan", ha afirmado el alcalde.

Una de estas soluciones sería la aprobación de un nuevo POUM (Plan de ordenación urbana) que redistribuyera la edificabilidad de la zona.

Por otra parte, la promotora Turov ha recurrido esta sentencia de responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento y, si bien en un principio reclamaba 7 millones de euros, ahora pide 1,068 millones.