La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, anunció ayer que este organismo supervisor revisará el Código Unificado de Buen Gobierno, que regula la forma de actuar de los órganos sociales de las empresas cotizadas.
La base de estas modificaciones será la normativa comunitaria y buscará eliminar aspectos en los que se ha demostrado que existe una falta de comunicación entre las sociedades y sus auditores. Anunció, asimismo, que la CNMV elaborará antes de concluir el primer trimestre de 2013 un informe sobre la actuación de los órganos de gobierno de las sociedades, que servirá para difundir criterios de actuación y como base de informes estadísticos sobre las tendencias de los diferentes sectores.
En su intervención en el XXI Congreso Nacional de Auditoría, organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), comentó que en el ámbito de la información financiera, "el auditor ha de tener más implicación y verificar un comportamiento socialmente responsable, que en cierta medida recoge el informe integrado realizado cada ejercicio". Se trata de detectar los posibles fraudes, mediante la creación de una imagen fiel de la situación de los balances de las sociedades auditadas.
Rectificaciones de cuentas
"No es comprensible que se hayan tenido que rectificar con posterioridad cuentas, cuando se habían aprobado sin salvedades", señaló la presidenta de la CNMV, en una clara alusión al caso Bankia. En esta misma línea, reclamó las competencias de supervisión para las auditorías realizadas a las entidades de interés público, entre las que se encuentran las sociedades cotizadas, financieras, y aseguradoras con grandes volúmenes de facturación. Se trabajará en la creación de canales de información entre la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) si estas competencias regulatorias se transfieren.
El traspaso de las competencias reguladoras a la CNMV se realizará en línea con las modificaciones que en la actualidad estudia Bruselas para la Esma (regulador de los mercados comunitarios), que ya tiene competencias sobre los reguladores de los Estados miembros que ya han recibido las competencias sobre las auditoríaS, tal y como ocurre con Italia.
Por su parte, la presidenta del Icac, Ana María Martínez-Pina, señalaba que en la actualidad la Comisión Europea debate la existencia de una lista negra de servicios prohibidos para los auditores y una lista gris de servicios que podrán llevar a cabo, pero con la solicitud de permiso al regulador. Existe un amplio debate entre quienes piensan que la lista gris debería desaparecer y quienes la apoyan.
A este respecto, Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, anunció que estas diferencias se pueden superar, ya que hay bastante acuerdo entre limitar a un 10 por ciento de los honorarios estas actividades, que para algunos debería de suponer como mínimo un 15 por ciento.