La Fiscalía pide aplazar entrega Tigres de Arkan hasta resolver causas en España

Madrid, 21 nov (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy que se aplace la entrega a Serbia de Vladimir Milisavljevic, presunto asesino del ex primer ministro de aquel país Zoran Djindjic, así como la de otro de los denominados "Tigres de Arkan", hasta que se resuelvan sus causas pendientes en España.

Así lo ha solicitado la fiscal Rosana Lledó durante la vista de extradición celebrada ante la sección tercera de la sala de lo penal, en la que Milisavljevic y Sinisa Petric se han negado a ser entregados a Serbia, que les reclama por varios delitos relacionados con su pertenencia a la organización criminal del "Clan Zemun".

En concreto, las autoridades del país acusan a Milisavljevic -"Budala" (El Tonto)- de ser el ejecutor del asesinato de Zoran Djindjic el 12 de marzo de 2003, hechos por los que ya fue condenado en ausencia por un tribunal serbio a 35 años de cárcel en 2007, y sobre el que pesa además una pena de 40 años por otros crímenes del "Clan Zemun", que ha negado en la Audiencia Nacional.

Mientras, a Sinisa Petric, alias "Baku", le reclaman por cuatro asaltos a domicilios de particulares en los que sistemáticamente mataba a todos sus moradores, hasta ocho personas entre diciembre de 2003 y enero de 2004 en varias localidades de Hungría y en Subotica, al norte de Serbia.

Este último ha insistido a preguntas de su defensa que su nacionalidad es bosnia, por lo que, cuando fue juzgado y condenado por varios tribunales serbios en 1994, país en el que permaneció preso durante "aproximadamente" doce años y medio, nunca pudo defenderse "con todos los derechos" por la situación bélica que se sufría en los Balcanes.

De hecho, la fiscal ha corregido en sus conclusiones lo referido a la nacionalidad del acusado al considerar acreditado que es serbia, aunque ello "sin perjuicio" de que sea reclamado por este país, cuya entrega ha apoyado.

No obstante, ha pedido al tribunal que, en el caso de que acceda, aplace la extradición hasta que ambos diriman sus responsabilidades en España, que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu.

Tras su detención el pasado mes de febrero en Valencia junto al presunto cerebro de la muerte de Djindjic, Luka Bojovic, el magistrado abrió a los tres otra causa por delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a organización criminal, falsificación documental y resistencia a la autoridad.

En los registros practicados en la vivienda de Bojovic, cuya vista de extradición está pendiente aún, según han informado fuentes jurídicas, la Policía halló más de medio millón de euros (660.000 dólares), tres subfusiles de asalto, nueve pistolas semiautomáticas, un llavero pistola, una escopeta, silenciadores, cargadores y numerosa munición, entre otros efectos.

Dentro de la operación que permitió sus detenciones, la Policía encontró además restos óseos en el río Manzanares a su paso por Madrid y que, tras realizarle las pruebas de ADN, se confirmó que pertenecen a otro miembro del grupo criminal al que los tres detenidos confesaron haber asesinado a base de martillazos y haberse comido su carne.

Por su parte, la defensa de ambos acusados ha rechazado su entrega porque, en su opinión, "es difícil creer que Serbia va a respetar sus derechos fundamentales", por lo que ha pedido a la Audiencia Nacional "protección" para sus clientes.

Como prueba de la vulneración de la legalidad y del derecho a defensa, la letrada ha explicado que las autoridades serbias le impidieron acudir al interrogatorio que Andreu realizó a uno de los coimputados por el asesinato de Djindjic en una prisión de Belgrado hace dos semanas para intentar esclarecer la autoría de la muerte del compatriota cuyos restos aparecieron en el río Manzanares.

Por último, ha denunciado fallos y omisiones en la traducción de las distintas sentencias condenatorias y ha añadido, para ilustrar sus alegaciones, que el propio presidente serbio, Tomislav Nikolic, negó el pasado mes de junio que fuera un genocidio la matanza de 8.000 musulmanes en la ciudad bosnia de Srebrenica en 1995, palabras por las que, ha recordado, podría ser detenido en España.