La Fiscalía de Barcelona pide reabrir la causa contra los hermanos Carulla por fraude fiscal

La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso contra el archivo por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona de la causa contra los seis hermanos de la familia Carulla por un delito contra la Hacienda Pública en operaciones de compraventa de acciones entre empresas del conglomerado de sociedades de Agrolimen.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Según expone el fiscal en su recurso, "existen elementos indiciarios de cargo bastantes como para sostener fundamentadamente que las operaciones pudieran ser constitutivas de varios delitos contra la Hacienda Pública".

En su recurso, detalla que la conducta que tilda de delictiva "consistió en un reparto de dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61,5 millones de euros que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin tributar los impuestos de la renta y patrimonio el año 2006".

Las operaciones que para el fiscal resultan sospechosas son la salida de 61,5 millones de euros el 7 de julio de 2006 desde Arborinvest a Holanda, donde está ubicada Mermare; seguidamente, esta sociedad documenta el 13 de julio una venta sus acciones de Arborinvest, por las que recibió esta cantidad, que luego volvió a Agrolimen en España.

"Una vez la suma en poder de Mermare, se sucedieron una serie de negocios jurídicos dirigidos a dar una apariencia de pulcritud fiscal a la percepción de las sumas por parte de los imputados", prosigue el fiscal.

Para sostener que hubo un delito, el fiscal apunta que tras las operaciones en la corporación "no ha existido ninguna alteración accionarial sustantiva o relevante, los imputados siguen siendo dueños de los mismos activos y en las mismas proporciones y sus posiciones en el holding no han variado", pero sin embargo han percibido 51 millones en España y 13,7 en Holanda.

Como indicios de un presunto delito se detallan la trascendencia fiscal de la operación, cuyo coste al fisco superaría los 3,5 millones de euros, y el empleo de la sociedad Mermare, afincada en Holanda, pero que pertenecía a una sociedad domiciliada en las Antillas holandesas y ésta, a su vez, a una sociedad de Belice, que es propiedad de una con domicilio en Costa Rica.

Por ello, se pregunta: "Si el dinero de Arborinvest, una sociedad española, aparece a los siete días en Corporación Agrolimen, también española, y los dueños de una y de otra son las mismas personas, también de nacionalidad española, ¿qué sentido tiene involucrar a una sociedad holandesa que a su vez es filial de una antillana, que a su vez es filial de una belicosa y a su vez es filial de una costarricense pero cuyos dueños últimos son los mismos que los de las sociedades españolas?".

"La respuesta a nuestro juicio resulta obvia: evitar la aplicación del derecho español y más concretamente de su legislación tributaria", sentencia el fiscal, que define el caso como una simulación para que una operación de reparto de dividendos entre los socios de una mercantil parezca una operación de venta de acciones a una filial.

ARCHIVO DEL JUZGADO

El juez archivó el caso el 22 de octubre al no ver indicios de delito en varias operaciones realizadas por los imputados Lluís, Maria, Monterera, Artur, Aurelio y Jordá Carulla, de las que se sospechaba que sirvieron para hacerse irregularmente con entre 400.000 euros y un millón evadiendo impuestos, tal y como recogía un informe de la Agencia Tributaria.

Según el juez, todas las operaciones que estaban bajo sospecha se hicieron acorde a la normativa vigente y bajo el control de las autoridades fiscales correspondientes, además de que, según los tres peritos del caso, "no existe impedimento alguno para la realización de operaciones entre sociedades sometidas a una misma dirección".